Conflicto por el Sistema Nacional de Teleprotección involucra a 66 comunas del país y podría impactar el funcionamiento de cerca de mil cámaras de televigilancia.
Una disputa judicial entre la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y la empresa Ingesmart SpA amenaza con afectar el funcionamiento del Sistema Nacional de Teleprotección, un proyecto que contempla cerca de 1.000 cámaras de seguridad instaladas en 66 comunas del país, entre ellas Valdivia.
El conflicto se originó luego de que la empresa presentara una querella en contra de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por los delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa, acción que fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según los antecedentes presentados por la compañía, la controversia se relaciona con el proyecto denominado “Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional”, una iniciativa impulsada en 2020 que buscaba fortalecer la seguridad pública mediante la instalación de infraestructura de cámaras, transmisión de imágenes, monitoreo remoto y mantención del sistema en distintas regiones del país.
Dentro de la Zona Sur del proyecto, se encuentran diversas ciudades, entre ellas Valdivia, donde se contemplaba la instalación de 30 cámaras de televigilancia, infraestructura que forma parte de la red destinada a reforzar la prevención del delito y apoyar el trabajo de las autoridades locales.
Desde la empresa advierten que el conflicto contractual podría poner en riesgo la continuidad del sistema en distintas comunas del país, lo que tendría impacto directo en la seguridad de millones de habitantes.
De acuerdo con la minuta presentada en el marco del caso, el proyecto involucra a cerca de ocho millones de personas que viven en las comunas donde se instalaron estos sistemas de vigilancia.
La empresa sostiene que el conflicto se originó tras una serie de incumplimientos contractuales y decisiones administrativas que derivaron en atrasos en la implementación del sistema, procedimientos sancionatorios y millonarias multas que hoy se encuentran en disputa judicial.
Mientras se desarrolla la batalla legal, el caso abre un nuevo debate sobre el futuro del sistema de cámaras de seguridad en distintas ciudades del país y sobre la continuidad de proyectos tecnológicos destinados a reforzar la prevención del delito en las regiones.