Un contundente respaldo entregó la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de resolución que busca acelerar y concluir los sumarios administrativos iniciados durante 2025 contra más de 35 mil funcionarios públicos que, encontrándose con licencia médica, viajaron al extranjero durante el período en que debían cumplir reposo.

El diputado Omar Sabat valoró la aprobación de la propuesta, señalando que los antecedentes conocidos durante el último año generaron una profunda preocupación ciudadana, especialmente luego de que diversos informes revelaran que miles de funcionarios públicos habrían utilizado licencias médicas de manera incompatible con el reposo prescrito, vulnerando principios básicos de probidad y confianza pública.

El parlamentario explicó que situaciones como estas afectan directamente la credibilidad de las instituciones y perjudican a quienes sí utilizan este beneficio de manera legítima, además de comprometer recursos que pertenecen a todos los chilenos.

“Cuando hablamos de licencias médicas estamos hablando de un instrumento destinado a proteger la salud de los trabajadores, no de un beneficio para ser utilizado de manera indebida. Si hay funcionarios que viajaron al extranjero mientras debían guardar reposo, corresponde que se apliquen las sanciones más severas que contempla la ley”.

Asimismo, el legislador afirmó que el Estado debe dar una señal clara de que los actos que vulneran la probidad administrativa no pueden quedar impunes, especialmente cuando involucran a personal público.

“Lo que aprobamos hoy es un llamado a ordenar la casa. La gente está cansada de ver casos que se extienden por meses sin ningún resultado concreto. Los funcionarios que cumplen correctamente con su trabajo merecen que se sancione a quienes dañan la imagen del servicio público. La transparencia y la probidad no pueden ser solo discursos bonitos, tienen que traducirse en acciones, responsabilidades y sanciones cuando corresponda”.

Tras la aprobación de esta iniciativa ahora se esperan las medidas que adoptará el Ejecutivo para acelerar el término de los sumarios y garantizar que las eventuales responsabilidades sean establecidas con celeridad.