La organización expresó su preocupación tras la audiencia de control de detención, donde el tribunal declaró ilegales los procedimientos policiales contra familiares de la dirigente ambiental, y vinculó los hechos a una investigación que, a su juicio, no ha respetado los estándares del Acuerdo de Escazú ni resoluciones internacionales.

La Fundación Escazú Ahora emitió una declaración pública en la que manifestó su “profunda preocupación” por lo ocurrido durante la jornada, luego de que en la audiencia de control de detención el tribunal declarara ilegales las detenciones de integrantes de la familia de Julia Chuñil, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

La ONG que nació en 2020 para promover la firma del Acuerdo de Escazú en Chile, fundada por Sebastián Benfeld, periodista titulado de la PUC y reconocido en 2022 por la ONU como uno de los líderes juveniles más destacados a nivel mundial. A través de esta ONG Pablo San Martín Chuñil presentó una querella criminal en la cual expuso sospechas de secuestro o atentado contra la vida de su madre y la definió como comunera mapuche dedicada “por completo” a conservación y preservación de biodiversidad local.

Según indicó la organización en su declaración reciente, las detenciones se realizaron mediante un operativo policial masivo, que incluyó a más de un centenar de efectivos, lo que —a su juicio— constituye una respuesta estatal desproporcionada e injustificada. En su declaración, la fundación señaló textualmente:
“Desde Escazú Ahora vemos con profunda preocupación lo ocurrido el día de hoy. En la audiencia de control de detención realizada esta jornada, el tribunal declaró ilegales las detenciones de integrantes de la familia de Julia Chuñil, las que se ejecutaron mediante un operativo policial masivo y desproporcionado, con más de un centenar de efectivos en presencia de niños y niñas, lo que da cuenta de una respuesta estatal excesiva e injustificada”.

La fundación contextualizó estos hechos dentro de una investigación que, sostienen, ha estado marcada por graves irregularidades, entre ellas la falta de información oportuna hacia la familia. En ese sentido, apuntaron directamente al Ministerio Público, señalando que se habría incumplido tanto una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como las recomendaciones del mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que Chile ratificó y que establece obligaciones específicas para la protección de personas defensoras del medioambiente.

En la declaración se enfatiza que dichas recomendaciones ordenan mantener informada a la familia sobre el avance de la investigación y garantizar su protección, obligaciones que —según Escazú Ahora— no habrían sido respetadas. Al respecto, la organización afirmó:
“Estos hechos se inscribieron en una investigación marcada por graves irregularidades, entre ellas la persistente opacidad del Ministerio Público, que ha incumplido la resolución de la comisión interamericana de derechos humanos, y las recomendaciones del mecanismo de respuesta rápido del acuerdo de Escazú, las cuales ordenan mantener informada a la familia sobre el avance de la investigación y garantizar su protección”.

La fundación recordó además que Julia Chuñil era una defensora ambiental, que habría recibido amenazas reiteradas durante años, sin que —según sostienen— el Estado adoptara medidas eficaces para su resguardo. En ese contexto, expresaron su expectativa de que el proceso investigativo avance bajo estándares estrictos de objetividad y transparencia.

“Esperamos que la investigación avance de manera seria, exhaustiva, imparcial y objetiva, considerando que Julia Chuñil era una defensora ambiental que recibió amenazas reiteradas durante años sin que el Estado adoptara medidas efectivas para su protección”, señala el comunicado.

Finalmente, Escazú Ahora informó que seguirá atentamente el desarrollo del caso, en particular la audiencia de formalización fijada para mañana a las 11 horas, así como las instancias internacionales vinculadas al Acuerdo de Escazú. La organización subrayó que estos hechos ocurren horas antes de que la familia comparezca ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, lo que —según indicaron— refuerza la necesidad de garantías procesales, transparencia y justicia en el caso Julia Chuñil.

La Fiscalía Regional de Los Ríos formalizó este jueves 15 de enero a Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil como imputados por parricidio consumado en la muerte de Julia del Carmen Chuñil Catricura, desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Julia del Carmen Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y presidenta de la comunidad Putreguel, se encuentra desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024, fecha en que se le perdió el rastro en Máfil, Región de Los Ríos. En el Juzgado de Garantía de Los Lagos se efectuó la audiencia de formalización contra tres de sus hijos y un exyerno por su presunta participación en la desaparición y muerte de la mujer.

Según lo expuesto por Fiscalía, los imputados corresponden a Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno cuya imagen, nombre e iniciales no pueden difundirse por orden del tribunal. A los tres hijos se les atribuye el delito de parricidio, y al exyerno se le imputó participación en calidad distinta (en el expediente citado aparece como homicidio calificado con alevosía y también como encubrimiento en otros pasajes del documento), en el marco de hechos que el Ministerio Público calificó además como robo frustrado con violencia e intimidación, y para algunos imputados inhumación ilegal, entre otros.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, solicitó prisión preventiva para los tres hijos imputados, mientras que para el exyerno pidió una cautelar menos gravosa. El tribunal resolvió una medida de arresto para el exyerno (en el documento se consigna como arresto domiciliario nocturno y también como arresto domiciliario total en otro tramo), valorándose su colaboración con la investigación.

La tesis del Ministerio Público: robo, agresión y muerte “paso a paso”

El Ministerio Público detalló que cerca de las 11 pm del 8 de noviembre de 2024, Javier Troncoso Chuñil llegó en estado de ebriedad al domicilio que compartía con su madre y parte del grupo familiar. En la vivienda también estaban Jeannette, el exyerno, y dos niños; en una residencia contigua vivía un adulto mayor de 90 años. Esa noche se encontraban además Pablo San Martín y una amiga de la víctima.

La Fiscalía relató que, con todos en el living, Javier se abalanzó sobre el adulto mayor para exigirle la entrega de dinero en efectivo correspondiente al cobro de su pensión, la que ascendía aproximadamente a $212.000 y que —según el Ministerio Público— era de conocimiento de los imputados. En esa dinámica, lo habría golpeado y amenazado con un cuchillo, profiriendo la frase: “¿Y si te mato?”.

Siempre según la tesis fiscal, Julia Chuñil intervino, forcejeó con su hijo, logró quitarle el cuchillo y lo lanzó hacia el exterior de la vivienda, frustrando así la sustracción del dinero. Pero la agresión continuó: el Ministerio Público sostuvo que Javier la golpeó en el exterior, aprovechando su situación de indefensión por su edad (72 años) y condiciones físicas consignadas en el relato fiscal (artrosis de cadera, obesidad y diabetes).

La fiscal Tatiana Esquivel describió el momento fatal indicando que el imputado “continuó agrediéndola violentamente en el exterior de la vivienda” y luego “con ambas manos” la ahorcó contra la pared de una bodega contigua a la casa “hasta lograr el propósito homicida”.

Tras ello, se expuso que el autor material, junto a su hermano Pablo, trasladó el cuerpo para ocultarlo; y que los imputados habrían optado por ocultar el cadáver, quemar las vestimentas, guardar silencio y mentir a las autoridades, acordando que Jeannette formulara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros el domingo 10 de noviembre de 2024, dos días después.

“Herederos anticipados”: venta de bienes, reparto de dinero y cotización de sepultura

La Fiscalía expuso que, en las semanas posteriores a la denuncia de extravío, los hijos de Julia Chuñil “comenzaron a comportarse como herederos”, apropiándose de bienes de la víctima, vendiendo su ganado y un carretón de bueyes, repartiéndose el dinero. Se añadió un dato específico: el imputado Javier realizó una cotización para comprar una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia.

En el detalle entregado en audiencia también se indicó que el 27 y 28 de enero de 2025, Jeannette coordinó mediante mensajes la venta de animales, y que el dinero obtenido por ventas (monto cifrado en $2,5 millones) habría sido repartido entre los hermanos.

El adulto mayor de 90 años: víctima del robo y testigo clave

La información establece que el adulto mayor de 90 años —cuidado por Julia Chuñil y residente en una mediagua colindante— es clave para entender el origen del caso: la Fiscalía sostiene que la agresión contra él y el intento de robo de su pensión detonaron la intervención de la víctima y el posterior ataque mortal.

Al momento de las detenciones, este adulto mayor fue hallado golpeado, en malas condiciones y con un balde para realizar sus necesidades, debiendo ser trasladado al Hospital Base de Valdivia.

Además, se reproduce un relato atribuido al adulto mayor que ubica el instante en que Julia intervino: “En ese momento llegó Julia Chuñil para defenderme, quien me abrazó. Javier le dijo a su mamá: ‘No te metas o le va pasar lo mismo a los dos’…”, y añade que fue la última vez que vio con vida a la mujer.

El testimonio del exyerno: “pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar…”

Una de las piezas centrales es el testimonio del exyerno, quien declaró que decidió hablar “ahora que estamos todos detenidos”, afirmando: “tengo que decir mi verdad, porque yo no maté a Julia y tampoco escondí su cuerpo”.

En su relato se describe una pelea que continúa al exterior y su afirmación directa: “La señora Julia logró quitarle el cuchillo… La pelea continuó… lugar donde pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia…”. Luego agrega que observó que la víctima cayó al suelo sin vida “producto de la asfixia provocada por Javier”, y que por temor se escondió y mandó a acostar a sus hijos.

El testimonio también sostiene que posteriormente vio a Javier y Pablo trasladando el cuerpo “a pulso”, Javier tomando los brazos y Pablo las piernas, y que lo perdió de vista a la altura de una camioneta roja estacionada en la casa, sin poder ver dónde lo dejaron. Finalmente, explicó su silencio por el miedo que le tenía a Javier, por agresiones anteriores y amenazas de muerte si hablaban.

Fiscalía: no hay vínculo con “activismo ambiental”; el origen sería intrafamiliar y delictual

La investigación del Ministerio Público descartó la tesis de que se tratara de un caso vinculado a la defensa del medioambiente, controversia que escaló políticamente luego de que se instalara la idea de que Julia Chuñil era una “defensora ambiental”. En esa línea, se recuerda una intervención del Presidente Gabriel Boric el 10 de diciembre de 2024, cuando manifestó preocupación por la desaparición de “Julia Chuñir Catricura, defensora ambiental de su comunidad”.

Asimismo, la presión pública y política llevó a que la Fiscalía investigara bajo estándares asociados al protocolo del Acuerdo de Escazú, asignando un persecutor especial de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, y que incluso los investigadores comparecieron en reuniones ante representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No obstante, una declaración de la fiscal regional Tatiana Esquivel en una entrevista de octubre de 2025, señala que “no existen antecedentes” para afirmar que Julia ejerciera una labor política o de activista organizada, describiéndola más bien como una mujer dedicada a su familia y actividades agrícolas, con vida rural.

La “conspiración activista”: querella, ONG y disputa por el relato público

La primera vez que se deslizó en tribunales la teoría de una “conspiración activista” fue cuando Pablo San Martín Chuñil presentó una querella criminal representado por la Fundación Escazú Ahora, una ONG nacida en 2020 para promover la firma del Acuerdo de Escazú en Chile, fundada por Sebastián Benfeld, periodista titulado de la Pontificia Universidad Católica, reconocido en 2022 por la ONU como uno de los seis líderes juveniles más destacados a nivel mundial.

En el libelo descrito, Pablo expuso sospechas de secuestro o atentado contra la vida de su madre y la definió como comunera mapuche dedicada “por completo” a conservación y preservación de biodiversidad local, junto a cría de ganado a pequeña escala.

A renglón seguido, la querella apuntó al empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, dueño original de terrenos, señalando que la mujer habría advertido que si le pasaba algo sería “por culpa de él”, además de incorporar conceptos como “violencia interseccional” y “violencia de género contra mujer rural”, y reforzar el marco del Acuerdo de Escazú.

La fundación emitió una declaración en la que sostuvo que la labor de Julia Chuñil no sería una “conspiración activista”, sino una realidad documentada, afirmando que protegía más de 900 hectáreas de bosque nativo con especies específicas, y que habría recibido amenazas por más de seis años sin medidas de protección estatales, incluso con Escazú ratificado. Además, describieron que apoyaron el caso con brigadas de búsqueda especializada y representación jurídica hasta febrero de 2025, posterior a ello debieron traspasar la causa a la abogada particular Karina Riquelme, con reconocida trayectoria asociada a causas indígenas.

Cabe consignar que la ONG no registra aportes del Estado de Chile y que cuenta con financiamiento de la ONU desde 2022.

El foco sobre el círculo familiar y referencias a antecedentes de violencia

En la audiencia se expuso un contexto de presunta violencia intrafamiliar y maltrato, citándose que Julia habría dicho a terceros que su vida “era un infierno”, y que tanto ella como el adulto mayor se encontraban en una grave situación de vulnerabilidad, con maltratos físicos y psicológicos reiterados.

Un relato apuntaba a que en una congregación cristiana en que participaba la víctima, una persona habría declarado que ese año la reunión fue interrumpida por una petición de oración porque Julia manifestó estar siendo amenazada por uno de sus hijos, con frases como “era la vida de ella o de su hijo”, según los testimonios citados.

La arista del empresario Juan Carlos Morstadt: de imputado a testigo y recursos en la causa

El empresario Juan Carlos Morstadt, quien inicialmente figuró como imputado por la desaparición, posteriormente pasó a tener calidad de testigo. Tras la detención de los tres hijos y el exyerno, Morstadt entregó declaraciones a TVN afirmando: “Estoy impresionado de todos los casos que pasamos y que me culpaban a mí y me tenían como culpable y realmente ahora se sabe la verdad”, y agregó que en el sector se rumoraba que se debía interrogar a la familia porque había dudas.

El nombre de Morstadt volvió a la discusión pública luego de que la abogada Karina Riquelme denunciara la existencia de una presunta interceptación telefónica en la que el empresario habría señalado que la mujer fue quemada; versión que fue desmentida por su defensa. Además, se indica que Morstadt presentó un recurso de amparo contra la Fiscalía, reiterando su inocencia y alegando eventuales vulneraciones de derechos durante el proceso.

En esa línea, el texto incluye declaraciones de la abogada Carole Montory, defensora de Morstadt, quien valoró el rumbo de la investigación y sostuvo que su representado fue sindicado por quienes hoy están detenidos, afirmando que “hicieron maniobras distractivas”. También explicó que el audio de “la quemaron” se refería, según su versión, a un rumor local difundido en un grupo de WhatsApp, y señaló que pedirán que se defina su calidad procesal, estimando que debería ser descartado como imputado con los antecedentes actuales. Montory añadió que estudiarán acciones legales por el daño a la imagen del empresario.

La última aparición pública de Pablo San Martín y el episodio en el concierto de Manu Chao

Capítulo especial fue la última aparición pública de Pablo San Martín Chuñil antes de la detención. Allí se consigna que se presentó en el concierto de Manu Chao en Temuco, ocasión en la que mencionó que tanto él como sus hermanos eran sospechosos. En el escenario expresó: “Para nosotros estamos pasando por un momento muy terrible de no saber dónde está mi madre. Escuchar, leer en un informe que a Julia Chuñil la quemaron, para nosotros es muy terrible”, y agregó: “nosotros estamos muy agradecidos de Manu Chao que nos haya invitado…”.

Qué viene: medidas cautelares, continuidad de audiencia y búsqueda del cuerpo

La audiencia de formalización se extendió, con programación de continuidad mañana 16 de enero para discutir y resolver cautelares respecto de los imputados. En paralelo, se consigna que las diligencias continúan enfocadas en el hallazgo del cuerpo, elemento que sigue ausente en la investigación, pese a los antecedentes expuestos por el Ministerio Público y declaraciones incorporadas.