Un muy interesante encuentro se llevó a cabo en el seminario virtual de Pro Salud Chile, “Análisis del Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial y sus alcances en Salud”, que reunió a destacados especialistas en la materia para explicar en detalle el proyecto de ley que regula el uso de tecnologías con base en I.A. enviado al Congreso Nacional en mayo de 2024 y cómo impacta en el sector salud, haciendo un paralelo con la Ley de I.A. de la Unión Europea (UE), texto en el cual se inspira la normativa nacional que se tramita en el parlamento.

El concurrido encuentro reunió a los expositores Marcos López Oneto, abogado especialista en Inteligencia Artificial y la Dra. Vicenta Tasa, académica de derecho constitucional de la Universitat de Valencia en España, a quienes se les sumó el Dr. José Fernández, presidente de Pro Salud Chile y gerente general de Rayen Salud, en el panel de conversación moderado por Jean-Jacques Duhart, vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile.

Marcos López Oneto se refirió a los principales elementos que contempla el proyecto de ley enviado al Congreso, haciendo énfasis en sus antecedentes generales, objetivos, ámbito de aplicación, principios rectores, enfoques y sistemas de riesgo, gobernanza,  fiscalización, infracciones,  sanciones, responsabilidad civil, confidencialidad, apoyo a la Innovación, entre otros.

Si bien el experto destaca la Política Nacional de Inteligencia Artificial publicada en 2021 como uno de los principales antecedentes del proyecto de ley, establece con claridad que la gran fuente inspiradora es, sin lugar a dudas, la Ley de Inteligencia artificial promulgada por la Unión Europea.

“El objetivo de la ley es promover la creación, desarrollo, Innovación e implementación de sistemas de Inteligencia artificial al servicio del ser humano, es decir, siendo respetuosa de los principios democráticos del estado y de los derechos fundamentales de las personas. Este proyecto apunta a generar una regulación de la Inteligencia Artificial en base a un enfoque de riesgo, lo que es muy significativo y se inspira en un 95% en la Ley de I.A. de la Unión Europea que habla de riesgos inaceptables, de sistemas de I.A. que están prohibidos y de riesgos altos, limitados y mínimos”, señaló López Oneto.

Datos, el “oro” de la Inteligencia Artificial

También relevó, entre los principios del proyecto de ley, la importancia de la supervisión,  intervención y control humano, más allá de la autonomía que pueda tener esta tecnología, además de ser transparente, explicable y tener solidez y seguridad técnica para minimizar al máximo los errores. “El oro y la materia prima de la Inteligencia Artificial son los datos y  por consiguiente, debe existir un sistema riguroso de privacidad y gobernanza de datos que proteja la información de las personas”.

Respecto de la Salud, Marcos López Oneto señaló que “se estima que para 2030 el mercado de la I.A. en salud alcance los 187,000 millones de dólares, por consiguiente es esperable un desarrollo explosivo y más complejo de la industria de la salud en áreas como detección y diagnóstico de enfermedades, tratamiento personalizado de enfermedades, genética médica, I.A. en imágenes médicas, eficiencia de los ensayos clínicos, desarrollo acelerado de fármacos, administración y logística de salud pública y privada y educación médica”.

Desde este punto de vista, adelantó que la I.A. debiera dar marco para la llamada  “Medicina 4p”, es decir, medicina preventiva, participativa, predictiva y personalizada, mejorando la eficiencia en todos los niveles,

“Lo mejor del proyecto -concluyó el experto-, es su enfoque preventivo, siguiendo los lineamientos de la ley de I.A. en la UE, pero lo contradictorio es que, pese a señalar que su intención es promover el desarrollo de la I.A., no contiene ningún incentivo económico para tales efectos, un asunto crítico, especialmente en Chile, donde se requiere un compromiso real del estado”.

Por su parte, la Dra. Vicenta Tasa, académica de la Universitat de Valencia, entregó importantes definiciones respecto de esta tecnología e hizo el paralelo con la Ley europea y su impacto en salud.

La especialista advirtió que “hay que tener muy presentes los avances en I.A. son más rápidos que la capacidad de adaptación de la sociedad y esto abre un campo hacia una crisis de adaptación y errores de empresas y servicios públicos”.

En este sentido, la académica sostuvo que la ley de la UE, que inspira al proyecto chileno, “garantiza que los europeos y los chilenos puedan confiar en lo que la I.A. tiene para ofrecerles y necesita que sea una ley la que regule, porque aborda los riesgos, prohíbe las prácticas con riesgos inaceptables y define obligaciones específicas para los implementadores y proveedores de estas tecnologías. Esta ley regula en base a sus riesgos, cuanto mayor sea el riesgo más estrictas serán las normas”.

Ley de I.A. en Europa: Derechos fundamentales y de la salud

La doctora Tasa recalcó cinco claves de la ley de I.A en la UE: “Regula la comercialización y el uso de los sistemas de I.A. en la Unión Europea, busca promover la adopción y el desarrollo de la Inteligencia artificial a través de la innovación, mitigando los riesgos que un mal uso de esta tecnología pueda suponer para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales, además, prohíbe prácticas consideradas de riesgo inaceptable para los ciudadanos y para la sociedad. Centra la regulación en los sistemas de I.A. que considera de alto riesgo y exige transparencia con respecto a los contenidos creados o manipulados con herramientas de I.A.”

“Una de las principales intenciones de la ley europea -asegura Vicenta Tasa-, es la protección de los derechos fundamentales y de la salud, con diferentes normas para diferentes niveles de riesgos. La I.A. plantea desafíos importantes para los servicios públicos y empresas dedicadas a la salud, implica invertir en conocimientos de los sistemas normativos ligados a la I.A., contar con principios éticos sólidos y un asesoramiento adecuado,  formación de profesionales de la salud, compra o desarrollo de sistemas de I.A. lo que supone mucha inversión estratégica y costos inmediatos”.

La experta asegura que la I.A. permitirá mejoras sustanciales en la Salud en áreas como la investigación médica, precisión y la rapidez de diagnósticos, en las prescripciones médicas, reducción de los errores y mejora de la gestión de las empresas y los servicios médicos.

“La I.A. -complementó la académica-, es una oportunidad para aumentar la eficiencia y la eficacia de la gestión de los servicios de salud pública y privada, pero para que esto sea posible hay que hacer frente a los desafíos y riesgos que conlleva esta tecnología, entre ellos los desafíos éticos. En todas las dimensiones del sector salud deberá producirse una reflexión sólida sobre las consideraciones éticas del uso en salud de la I.A. y códigos de conducta e instituciones claras que resuelvan las dudas ante las situaciones éticamente complejas que se produzcan con su uso”.

En su calidad de presidente de Pro Salud Chile y como experto en la materia a través de Rayen Salud, el Dr. José Fernández apuntó que “estamos mirando con mucha atención lo que ocurre en Europa con la Ley de Inteligencia Artificial aprobada por la Unión Europea para saber cuáles serán los efectos que tendrá en la comunidad económica de ese continente. Estamos mirando todos los espacios en donde esta tecnología disruptiva empieza a tomar forma. Nosotros entendemos que la tecnología debe estar disponible y en uso para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y como nuestra motivación principal está en la Salud, entendemos que la I.A. tiene grandes desafíos para proteger,  promover y mejorar lo que hacemos desde el campo de la salud”

“Agregó que “si bien existe una cierta incertidumbre sobre lo que va a suceder con este tema, nos entrega tranquilidad ver que los diferentes gobiernos de Chile han ido tomando este desafío, ya que efectivamente existe una política nacional al respecto. Además, la pandemia fue un habilitador de muchas tecnologías que tuvimos que comenzar a usar. Uno de los riesgos que veo es que, por un lado, se intenta aportar desde el desarrollo de I.A. ética, pero por otro, no se promueve la inversión en este tipo de tecnologías porque no hay fondos para aquello, entonces hay un riesgo de que promulguemos leyes que sean difíciles de aplicar por la falta de avances legislativos y hablar de ética en ellos “, sostuvo José Fernández.

El vicepresidente ejecutivo de Pro Salud Chile, Jean-Jacques Duhart, concluyó el seminario afirmando que “estamos en las primeras etapas, no solamente en materia de iniciativas legales, sino también respecto de una discusión que debe haber en la sociedad sobre las distintas implicancias que esto tiene a nivel local y global, por lo que es muy probable es que haya que tener una discusión mucho más completa y donde este proyecto de ley viene a ser parte de los cimientos de esta construcción, más allá de estar inspirada en la normativa europea y de esta manera lograr definiciones legislativas regulatorias con todos los elementos que se requieren, como gobernanza y capacidades para implementar en la práctica esta iniciativa, dar seguimiento y fiscalizar y cómo estimular el desarrollo de estas herramientas de I.A. que parece ser el elemento menos promocionado en estos marcos legales”.

“Esta es una discusión –añadió Jean-Jacques Duhart-, que como Pro salud Chile nos parece de mucha importancia; el ser capaces de lograr un buen balance entre estimular la innovación teniendo como norte el beneficio para las personas y la sociedad, y los recaudos que hay que tener en torno a la protección de la privacidad y el uso ético de las soluciones”.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó  al Senado el proyecto de ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual  (Boletín N°16817-05) por 122 votos a favor y dos en contra. Esta iniciativa legal —ingresada a  tramitación el 8 de mayo y que forma parte tanto del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la  Responsabilidad Fiscal como del fast track concordado con el Congreso para agilizar la tramitación de  21 proyectos de ley— busca fomentar el desarrollo sostenible a largo plazo de esta actividad dado su  efecto multiplicador en la economía y aumentar el ingreso de turistas extranjeros en al menos un  millón al año, para superar la contracción generada por la pandemia del Covid-19. 

Para ello, entre otras medidas, crea el Fondo de Promoción Turística Internacional con recursos que  duplicarán el actual aporte vía Ley de Presupuestos, totalizando US$20 millones anuales. Asimismo,  permitirá a turistas extranjeros solicitar devolución de IVA por compras de bienes que sean parte de  su equipaje para llevar fuera del país a través de pasos fronterizos autorizados. Por otra parte, con el  objetivo de promover al país en el extranjero, propone que las empresas no residentes que realicen  producciones audiovisuales en territorio nacional para ser emitidas en el extranjero accedan a  devolución del IVA por los servicios contratados en el país. 

La amplia mayoría de los diputados y diputadas valoró este proyecto como un paso significativo para  fomentar a este sector que abre oportunidades para el desarrollo regional; como un importante  generador de empleo, principalmente femenino; y que permite generar sinergias con otros rubros  como la agricultura, gastronomía, transporte, pesca y cultura. 

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que este proyecto está en línea con otros que  apuntan a combatir la informalidad de las actividades económicas, como el de Cumplimiento  Tributario: “Acogiendo propuestas recogidas durante la tramitación del proyecto, se incluyen medidas  que fomentan la formalización del servicio de alojamientos turísticos, a fin de evitar la competencia  desleal con las empresas establecidas. Por ejemplo, para eliminar barreras de acceso a las pymes se  permitió que la emisión de la factura de exportación por hospedaje a turistas no residentes sea en  moneda nacional y no sólo en moneda extranjera. Además, las plataformas de intermediación digital  deberán informar al Servicio de Impuestos Internos respecto de todas las transacciones de hospedaje  que intermedien”. 

Para la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, la aprobación de este proyecto “es un paso  fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, para las economías locales y para poder

hacer de Chile un polo turístico más atractivo, que no solo atraerá un millón de turistas cada año, sino  que también podrá generar una nueva rama de turismo y eso es el turismo de locaciones, en la medida  que producciones audiovisuales del extranjero vean en Chile el potencial que tiene. Con este proyecto,  ganamos todos: ganan los chilenos, ganan los turistas, ganan las regiones, ganan los tour operadores,  los guías, los transportistas, también quienes trabajan en gastronomía. Ahora, esperamos que pueda  ser visto por el Senado prontamente para que Chile tenga una ley que permita entre muchas otras  cosas, un presupuesto de promoción internacional que nos hará no solo potenciar los lugares donde  ya trabajamos, sino también llegar a otros lugares del mundo”. finalizó. 

Financiamiento de los incentivos 

Para completar el financiamiento de todas las medidas que establece el proyecto, incluyendo el Fondo  de Promoción Turística Internacional, se propone la aplicación de una tasa de alojamiento a turistas  extranjeros de 1,25% sobre el precio por noche del servicio contratado (quienes actualmente gozan  de exención de IVA a diferencia de los turistas nacionales). 

El proyecto contempla también que los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo  realicen una evaluación del efecto del Fondo de Promoción Turística Internacional en la atracción de  turistas extranjeros al país. Los resultados serán públicos y deberán presentarse a las comisiones de  Hacienda y Economía de la Cámara.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo que la aprobación de esta iniciativa, presentada por senadores y patrocinada por el Ejecutivo, “es un alivio para las y los profesores en un contexto en el que debemos priorizar la reactivación de aprendizajes”.

La tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría y despachó el proyecto de ley que suspende la Evaluación Docente 2022 y que hace voluntarias las evaluaciones del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 2022, con lo que esta propuesta ya puede convertirse en ley.

El proyecto surgió por moción de los senadores Yasna Provoste (DC), Jaime Quintana (PPD) y Fidel Espinoza (PS), y fue patrocinado por el Ejecutivo, incorporando normas que originalmente estaban en el proyecto de ley misceláneo que presentó el Mineduc, y que busca solucionar algunas urgencias que enfrenta el sistema educativo tras los dos años de pandemia.

En este caso, el objetivo de la suspensión de las evaluaciones de 2022 es que los docentes tengan más tiempo para que puedan enfocarse en el trabajo en el aula, en un año marcado por la reactivación de los aprendizajes y los problemas de convivencia escolar, con el regreso a clases presenciales luego de la no presencialidad durante casi dos años.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asistió al Congreso a presentar y defender la aprobación del proyecto, que obtuvo 101 votos a favor. “Esto es un alivio para las y los profesores en un contexto en el que debemos priorizar la reactivación de aprendizajes. Agradecemos a las y los parlamentarios por su amplio apoyo”, dijo el secretario de Estado.

Actualmente, las y los profesores tienen dos sistemas de examinación: la Evaluación Docente, que es aplicada solo a profesores de establecimientos municipales y de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP); y las evaluaciones del Sistema de Desarrollo Profesional Docente 2022, que se aplican a profesores de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Es lo que los docentes han llamado la “doble evaluación”.

Tras la aprobación de este proyecto, quienes quieran avanzar de todas formas en el desarrollo de esta última evaluación, pueden hacerlo, y quienes ya habían avanzado, pueden suspenderlo y completarlo en 2023, cuando todas y todos los docentes deban completar sus evaluaciones.

Al término de la sesión, el ministro Ávila recordó que “nuestro compromiso como Gobierno es homologar los dos sistemas de evaluación docente, lo que nos va a permitir disminuir la carga administrativa y el estrés que se genera con este proceso, poniendo fin de forma definitiva a la doble evaluación”.

Le da el carácter de delito a la usurpación y establece como pena de simples delitos la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

La iniciativa, patrocinada por las senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer y el Senador Felipe Kast, modifica el Código Penal con el fin de darle carácter de delito a los actos de usurpación y castigar con penas privativas de libertad la usurpación violenta.

El proyecto expone que en Latinoamérica las organizaciones criminales y el crimen profesionalizado ha ido evolucionando y aumentando peligrosidad, lo que se ha materializado en tragedias como el asesinato del empresario Alejandro Correa en la comuna de Concón. Es necesario atacar el problema del crimen organizado desde la raíz y pasar a sancionar la usurpación como delito con el fin de disuadir su comisión y facilitar el trabajo de Carabineros otorgándoles la facultad de detener a quienes sean sorprendidos cometiendo dicho delito sin necesidad de requerir una autorización judicial.

Con el fin de castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación violenta, la iniciativa modifica el inciso primero del artículo 457 del Código Penal, en los  siguientes términos:

“Al que con violencia en las personas ocupare aunque sea parcial y transitoriamente una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviere legítimamente, y al que, hecha la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, vuelto éste le repeliere, además de las penas en que incurra por la violencia que causare, se le aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo.”

A su vez, agrega dos nuevos artículos 458 bis y 458 ter al mismo código, con la siguiente redacción:

“Los delitos a que se refieren los artículos 457 y 458 tienen carácter permanente desde que se dé inicio a su ejecución y mientras persista la ocupación, por lo que para los efectos del artículo 130 letra a) del Código Procesal Penal en relación al artículo 83 letra b) del mismo Código, se considerará flagrancia todo ese lapso de tiempo.

En los casos en que un mayor de dieciocho años ocupare un predio valiéndose, engañando, utilizando, forzando o coaccionando a un menor de edad, y aun cuando la participación de este no diere lugar a responsabilidad penal, el mayor de dieciocho años será castigado con la pena establecida en el artículo 457 aunque no mediare violencia o intimidación. El consentimiento dado por el menor de dieciocho años no eximirá al mayor.”

También agrega un nuevo artículo 462 bis al mismo código, del siguiente tenor:

Para la determinación de la pena en los delitos comprendidos en este párrafo se estará a lo dispuesto en el artículo 449.

A su vez, agrega al apartado de “Penas de simples delitos” del artículo 21 del mismo Código, la pena de “Prestación de servicios en beneficio de la comunidad” y adecua los artículos 49 bis, 49 ter y 458 del código Penal para delimitar su aplicación.

Por último, reemplaza el artículo 124 del Código Procesal Penal, por el siguiente:

“Cuando la imputación se refiriere a simples delitos sancionados con pena única de multa no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad del imputado, con excepción de la citación.”

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

Vea texto íntegro del Boletín N°14.015 y siga su tramitación aquí.

Fuente: Diario Constitucional