La principal confederación de trabajadores de la salud pública calificó como “aberrante e inconsistente” el proyecto que elimina derechos históricos del sector público, como el pago del 100% desde el primer día de licencia médica, equiparando las condiciones al sistema privado.

La Confederación FENATS Unitaria, que agrupa a trabajadores y trabajadoras de la salud pública de todo el país, manifestó su completo rechazo al proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca homologar las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado.

El proyecto, ingresado al Congreso bajo el Boletín N°17.678-11, propone unificar criterios respecto al subsidio por incapacidad laboral, limitando el pago al trabajador mediante una fórmula de cálculo diaria y estableciendo un tope imponible, además de regular el tiempo de cese por salud incompatible y reforzar la fiscalización de la COMPIN para prevenir fraudes.

Para FENATS Unitaria, se trata de un retroceso en materia de derechos laborales y de seguridad social. “El proyecto propone una forma de ‘nivelar hacia abajo’, en desmedro de un sector históricamente precarizado y que, por la propia naturaleza de su trabajo, está más expuesto a enfermedades, riesgos e infecciones”, señaló Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la Confederación.

Una de las principales críticas apunta a la eliminación del pago del 100% de las licencias desde el primer día, beneficio vigente actualmente para los trabajadores públicos. Ruiz explica que con esta reforma, “se reemplazaría este pago por una fórmula de cálculo diaria sujeta a un tope imponible, sin considerar funciones críticas propias de un sector estratégico del sistema de salud”.

Desde la organización gremial acusan una contradicción en el discurso del Ejecutivo. “El presidente Boric dijo que no bastaba con palabras de agradecimiento. Sin embargo hoy firma un proyecto de ley con el que cercena conquistas laborales significativas y se castiga a quienes fueron aplaudidos y tildados de ‘héroes’ por su enorme sacrificio durante la pandemia”, afirmó Ruiz.

Respecto a la justificación del Gobierno —combatir fraudes en licencias médicas—, desde FENATS recalcan que el problema afecta solo a una minoría. “El escándalo de las licencias fraudulentas involucra a un 3% de los trabajadores. No se puede penalizar al 97% restante que cumple con compromiso y vocación”, sostuvo el dirigente.

En lugar de medidas punitivas, FENATS propone fortalecer la prevención, mejorar las condiciones laborales y aplicar sanciones efectivas solo a quienes abusan del sistema. Ruiz advirtió: “Será una sanción histórica que un Gobierno que se declara progresista termine su mandato quitando derechos sociales a los trabajadores del Estado”.

Finalmente, la confederación lamentó que el proyecto cuente con respaldo de parlamentarios que se definen como pro-trabajadores. “Adherimos al rechazo planteado por otros gremios nacionales y llamamos a los trabajadores a estar alertas y manifestar su descontento ante esta iniciativa”, concluyó el presidente de FENATS Unitaria.

Una resolución de la Corte de Apelaciones de Talca determinó que sólo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) tiene atribuciones para sancionar el mal uso de licencias médicas, lo que podría frenar más de 6.500 sumarios administrativos contra funcionarios públicos.

El escándalo por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, que estalló tras un informe de la Contraloría General de la República, podría dar un giro inesperado. Un reciente y poco conocido fallo de la Corte de Apelaciones de Talca abrió una puerta de escape para miles de funcionarios sumariados por viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su reposo médico.

Según el informe del ente fiscalizador, se detectaron 25.078 licencias médicas utilizadas de forma irregular y se abrieron más de 6.500 sumarios administrativos a funcionarios públicos de todo el país. Diversos servicios anunciaron medidas drásticas, incluyendo despidos.

Incluso el presidente Gabriel Boric, señaló el medio El Dínamo, respaldó públicamente la línea dura durante la Cuenta Pública 2025: “Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia médica, debe asumir su responsabilidad y quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si renuncia. La sanción que corresponde a una falta grave a la probidad, es la destitución del cargo”.

Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente tras el fallo favorable a una funcionaria del Hospital de Talca que fue desvinculada luego de que un sumario interno determinara que había trabajado en su emprendimiento durante un periodo de licencia médica.

Pese a que la Contraloría respaldó la medida aplicada por el hospital, la Corte de Apelaciones de Talca consideró que la sanción no era válida, señalando que la única entidad facultada para pronunciarse sobre el uso indebido de licencias médicas es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Esta interpretación jurídica podría ser invocada por cientos —o miles— de funcionarios públicos para revertir sanciones similares y dejar sin efecto los procesos disciplinarios impulsados por los servicios afectados.

La sentencia ha encendido las alarmas en distintos organismos del Estado, ya que pone en cuestión no solo la validez de las desvinculaciones, sino también los fundamentos legales de los sumarios en curso.

El escenario abre un nuevo debate sobre los límites de las atribuciones institucionales en materia disciplinaria y la necesidad de reforzar la coordinación con organismos como la COMPIN antes de aplicar sanciones de alto impacto.

El ministro Mario Marcel subrayó que los sumarios administrativos son procedimientos breves y claros, que permiten establecer responsabilidades en casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Contraloría, por su parte, solicitó mayores atribuciones para fiscalizar y aplicar sanciones directamente.

En medio del escándalo nacional por las denominadas “licencias all inclusive”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los sumarios administrativos no son procesos complejos ni extensos, y que permiten aplicar sanciones claras frente al mal uso de licencias médicas.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha iniciado 6.592 sumarios en 131 servicios públicos. Además, 1.102 funcionarios han abandonado la administración gubernamental, aunque no se ha detallado cuántos lo hicieron por despido o renuncia.

“El procedimiento es sencillo. Se trata de sumarios administrativos, no investigaciones sumarias, y consisten básicamente en responder tres preguntas: cuál fue la causal de la licencia médica, si hubo viaje y cuál fue el motivo del viaje”, explicó Marcel. Añadió que este proceso “no requiere convocar testigos ni realizar indagaciones extensas”.

Entre las sanciones que pueden derivar de estos procedimientos se contemplan la destitución, la suspensión con reducción de sueldo, el rechazo de la licencia médica, la devolución de fondos al empleador, e incluso el sobreseimiento en casos específicos como las licencias maternales.

Marcel también advirtió que cerca del 10% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022, destacando que este fenómeno no se restringe a prácticas anteriores.

Por su parte, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció en el Senado solicitando que se refuercen las atribuciones del organismo para fiscalizar de forma más eficaz. “En otros países, las contralorías acceden directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos. Nosotros debemos pedirlas ‘por favor’ y muchas veces se nos alega secreto bancario”, lamentó.

La contralora también planteó que la entidad pueda aplicar directamente las sanciones derivadas de los sumarios, evitando que sus resoluciones sean revertidas por autoridades superiores, lo que —según señaló— “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

Finalmente, Pérez anunció que estas fiscalizaciones se realizarán de forma anual para desincentivar el mal uso del sistema. El objetivo, afirmó, es claro: proteger los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.