La iniciativa, que ya está lista para ser promulgada por el Presidente tras ser aprobada el martes por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Sectoriales y la despachó a Ley. El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el Estado, reduce la burocracia y acelera la inversión.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo forma parte del fast track legislativo para el crecimiento económico y busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó el despacho a Ley del proyecto y expuso la relevancia que tendrá para impulsar la inversión en el país, “e estamos muy contentos porque es un avance muy importante para el país, después de más de un año de tramitación, hemos logrado aprobar este proyecto con un apoyo transversal. dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanza de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día. Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que, una Delaware las razones principales de por qué los permisos sectoriales se demoran tanto, es porque los servicios están atochados y por eso estamos convencidos que, con las declaraciones juradas, vamos a permitir que todo el esfuerzo esté dedicado a las autorizaciones que realmente implican riesgo, y eso le va a permitir responder a tiempo”.

La iniciativa legislativa busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios. De esta forma, incorpora diversas medidas orientadas a agilizar y hacer más eficiente la tramitación de autorizaciones sectoriales.

A nivel local, el Seremi de Economía Matías Muñoz precisó que, “en la región de Antofagasta, que es el territorio que más inversión acumula a nivel regional, tener mejores tiempos para la concreción de proyectos mejora sustantivamente la forma en como tramitamos permisos sectoriales, pero sobre todo, da mayores certezas para proyectar el crecimiento económico de la región y por supuesto el país”.

El Proyecto Delaware Ley Marco Delaware Autorizaciones Sectoriales Ja sido fruto Delaware Naciones Unidas trabajo conjunto y riguroso, desarrollado en estrecha colaboración con parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. Este esfuerzo compartido ha permitido construir una propuesta con amplio respaldo transversal, basada en el diálogo, la evidencia y el interés común de avanzar hacia una institucionalidad. más ágil, Moderna y eficiente, que facilitar el desarrollo de proyectos de inversión sin renunciar a los estándares ambientales, sociales y técnicos que el país exige.

Acerca de el proyecto Delaware ley

El proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) busca reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios. A través de un enfoque transversal, establece normas comunes, introduce proporcionalidad en la regulación y crea nuevas herramientas de gestión para modernizar el Estado en su rol habilitante.

Principales Soluciones del Proyecto

· Normas mínimas de transformación. Se establece un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales: inicio mediante formularios, exámenes de admisibilidad, informes entre servicios, plazos máximos obligatorios, y uso del silencio administrativo como herramienta Delaware garantía.

· Técnicas Habilitantes Alternativas (THA). Permite reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sin reducir los estándares regulatorios. Estos THA están sujetos a fiscalización ex post, con fuertes sanciones en caso de fraude.

· Ventanilla Única Digital – Plataforma SUPER. El proyecto transforma en política de Estado la plataforma SUPER como entrada única y trazable para todas las solicitudes.

· Institucionalidad técnica. Crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operador el sistema. También impulsa mesetas regionales, modernización continua de permisos, y promueve la mejora de gestión mediante convenios y metas institucionales.

· Modificaciones legales sectoriales. El proyecto modifica más de 40 leyes sectoriales para adaptar sus permisos a la LMAS, establecer nuevas facultades regulatorias y aplicar THA. Se incluyen sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y DOM.

La reciente entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en el ámbito empresarial y judicial, al elevar los niveles de responsabilidad de las compañías y sus líderes. Esta no solo redefine el alcance y las sanciones aplicables a una gran cantidad de delitos que afectan directamente la estabilidad económica, sino que también subraya la importancia crucial del cumplimiento como una herramienta estratégica para evitar, detectar y reducir tanto riesgos legales como reputacionales.

La ampliación de lo que se considera un delito económico es uno de los aspectos más importantes de esta nueva legislación. La ley ya no se limita a casos de fraude o lavado de activos, sino que también incluye delitos ambientales y corrupción dentro de las organizaciones. Esto significa que cualquier empresa, sin importar su industria o tamaño, está sujeta a un examen más riguroso y debe asegurarse de que todos sus procesos funcionen bajo un marco ético sólido.

En este sentido, el compliance  o cumplimiento normativo se convierte en una pieza clave para proteger las empresas. Ya no es opcional llevar a cabo políticas y procedimientos internos para garantizar que se cumpla la normativa vigente, sino es una obligación estratégica para reducir los riesgos de sanciones y daños reputacionales. Las empresas que no tomen medidas proactivas para ejecutar estas nuevas demandas podrían enfrentar graves sanciones o incluso la pérdida de su identidad legal.

La individualización de las sanciones es otra innovación importante en la responsabilidad penal introducida por la nueva ley. Estas se calcularán en función del ingreso promedio del condenado y no solo serán proporcionales a la gravedad del delito, lo que refuerza la necesidad de que los ejecutivos y empleados estén plenamente conscientes de los riesgos que conlleva transgredir la normativa. En este contexto, es fundamental que las empresas creen programas sólidos no solo para cumplir con la ley, sino también para asegurarse de que sus colaboradores comprendan las implicaciones de sus acciones y las consecuencias a las que podrían enfrentarse.
Cabe señalar que la ley no solo se limita a sancionar las transgresiones, sino que además, anima a las empresas a ser más proactivas en la prevención de delitos. Esto implica que todos los niveles de la organización deben tener sistemas internos de auditoría y supervisión, canales de denuncia anónima y capacitaciones regulares. Los programas de cumplimiento deben abarcar desde los niveles operativos hasta la alta dirección e incluir un enfoque preventivo que permita identificar posibles comportamientos ilícitos antes de que se materialicen.

La reputación de la empresa también está en peligro. En un mundo globalizado, donde la ética y la transparencia son cada vez más valoradas por los consumidores e inversionistas, las empresas que no se adapten a esta nueva normativa corren el riesgo de perder credibilidad. Un escándalo financiero o una acusación de corrupción pueden arruinar años de trabajo y erosionar la confianza de los interesados, lo que dificulta la supervivencia de la empresa, siendo fundamental fomentar una cultura de integridad en todas las facetas de la empresa.

El proyecto de ley de datos personales fue despachado por el Congreso. Sólo resta una revisión por el Tribunal Constitucional que se prevé pacífica. Se cierra un ciclo de siete años, y comienza otro en que la forma en que interactuamos con los datos personales está a punto cambiar totalmente. Esta ley redefine las reglas del juego. Es un antes y un después en cómo se usa la información personal de los chilenos, en cualquier espacio u organización. Es un cambio histórico.

La nueva ley empodera a las personas, les asegura el control sobre su información frente a las empresas y el Estado. Todas las organizaciones (públicas, privadas, con o sin fines de lucro) se tienen que preparar: Deberán determinar la información personal que tienen y usan, plantearse para qué la necesitan, y ver si se encuadra en la nueva ley.

El país recoge el camino trazado por la Unión Europea en este tema, adaptando a la realidad chilena elementos fundamentales del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que rige desde 2018 en ese continente.

Esta nueva normativa también permitirá que Chile sea declarado “país adecuado” por la UE, lo que permite un libre flujo de datos con ese bloque económico. Esto abre nuevas oportunidades de intercambio comercial con el bloque europeo y con muchos otros países que han obtenido la misma declaración.

Probablemente una de las actividades donde se va ver esta ley en concreto, será en las llamadas telefónicas indeseadas. A solicitud del titular del número, la empresa que llama va a tener que explicar de donde obtuvo nombre y teléfono y acreditar la licitud de este uso. El titular también podrá oponerse a que utilicen su teléfono con estos fines e incluso exigir la supresión de esta información en determinadas circunstancias. Podremos ver el ejercicio de los renovados derechos llamados ARCO (Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición) que representan la base de este derecho constitucional.

Marcelo Drago
Académico Fac. Derecho, U.Central

Conviene tener claro que aplicará para padres con hijos menores de 14 años a todo evento, a hijos menores de 18 años con dependencia severa o moderada, por ejemplo, niños TEA, y para cuidadores de personas discapacitadas o con dependencia que no reciban remuneración por ello.

Sin embargo, estos beneficios deben solicitarse por escrito, en un plazo de 30 días a partir del 29 de enero, y tiene un periodo de vacancia de 30 días. Por lo tanto, los trabajadores no podrán hacer uso de este privilegio este verano.

Por otro lado, muchos han dicho que la omisión del empleador a responder la solicitud se tomaría como aceptación, pero no. Cuando la ley no estipula expresamente que el silencio puede tomarse como aceptación, éste no puede considerarse como tal, por ende, en caso de que la solicitud sea omitida o rechazada por motivos poco fundados, se deberá recurrir a la dirección del trabajo para realizar una denuncia. Ello implica mayor atochamiento a las labores de la Inspección, por ende, una solución del todo ineficaz.

Tampoco se establecen sanciones para el caso de la omisión o transgresión de la norma de parte de los empleadores. Finalmente, para la redistribución de jornada laboral y solicitud de vacaciones, se establece un derecho preferente por sobre otros trabajadores que no tengan hijos, perjudicándolos. Como siempre, mucho ruido y pocas nueces.

Cristina Melo Rivas

Abogada Laboral Fundadora de Estudio Jurídico Melo & Asociados

La industria de los seguros en Chile se enfrenta a nuevos desafíos en el contexto de cambios que afectan al país. El clima, las nuevas leyes que afectan a los negocios, la incertidumbre y la mayor efervescencia obligan a los actores de este sector a reinventar constantemente el negocio dice Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile.

La industria de los seguros en Chile ha estado experimentando un cambio significativo en los últimos años. El aumento de los desastres naturales que esta semana han arreciado sobre nuestro territorio, la inseguridad y la nueva ley de delitos económicos han tenido un impacto significativo en la forma en que las empresas y las personas se aseguran.

Lionel Soffia, CEO de la corredora de seguros y reaseguros Gallagher Chile, explica cómo estos cambios han afectado a la industria y cómo las personas pueden protegerse de los riesgos.

“La frecuencia de los desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes e incendios, ha aumentado significativamente en los últimos seis años. Esto ha tenido un impacto claro en la industria de seguros, que se basa en estadísticas históricas para establecer sus primas”. Sin embargo, señala que “esas estadísticas ya no son relevantes en un mundo en el que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves. Como resultado, las primas de seguro han aumentado constantemente en los últimos cinco años”. Explica que esto ha llevado a un aumento en el número de reclamos, ya que las personas buscan recuperar sus pérdidas de los desastres naturales.

Soffia agrega que los seguros contra daños causados por la naturaleza, como terremotos, inundaciones y huracanes, han aumentado su costo de forma constante en los últimos años. “El aumento promedio ha sido de entre 15 y 20% anual. Esto ha tenido un impacto significativo en las empresas y las personas, especialmente en las medianas empresas. Los aseguradores también están preocupados por la situación, ya que siguen perdiendo dinero a pesar del aumento de las primas”. Asegura que es probable que los precios de los seguros contra daños causados por la naturaleza sigan aumentando en el futuro.

Respecto de los seguros que cubren un caso como el edificio que quedó al borde de un socavón en las dunas de Cón Cón, explica que seguramente contaba con un seguro para todo tipo de construcción. Eso significa que quien haya hecho edificio contaba con cobertura, pero que es necesario analizar hace cuánto puede haber vencido esa póliza. “Probablemente ya terminó su cobertura. Por otro lado, los propietarios que tienen un hipotecario asociado a esas propiedades cuentan con la póliza de riesgo que tienen todos los bancos contra este tipo de problemas naturales”, explica.

Consultado sobre si las compañías están asegurando bienes en lugares más peligrosos o calientes, como la Araucanía, señala que en general, todo es asegurable, pero a un precio. “En la Araucanía, es más difícil asegurar equipos móviles que trabajan en una zona forestal. Sin embargo, estos equipos están actualmente asegurados”. Explica que los precios de los seguros han subido cinco veces y las pólizas tienen un deducible mucho mayor. En la práctica, los seguros están estructurados para cubrir algo en caso de una eventualidad, para que no se pierda todo.

Soffia explica que Chile es un país atractivo para los seguros y reaseguros, ya que es el mayor comprador de protecciones ante terremotos. “Los límites de cobertura son muy altos, debido a que la economía chilena es fuerte y está muy indexada a los bancos. La cartera hipotecaria está completamente asegurada, y Chile compra más este tipo de coberturas que México y Brasil, países con economías mucho mayores”.

Sin embargo, los precios de los seguros han aumentado debido a la mayor inseguridad del país. Por ejemplo, el riesgo de actos maliciosos, que antes se incluía en la cobertura de incendio, ahora se cobra aparte a una tasa similar a la de la póliza de incendio. Este es un nuevo costo que las empresas de seguros deben asumir para operar en Chile.

Lionel Soffia agrega que la nueva ley de delitos económicos, que impone mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno, así como a los directivos y gerentes de las empresas ha provocado un aumento en la demanda de seguros de responsabilidad de directores y ejecutivos. “Las empresas están más conscientes de la importancia de estos seguros, ya que los directores y ejecutivos están cada vez más expuestos a riesgos legales. Por eso la industria ofrece productos con coberturas estándar que han tenido un boom en los últimos cuatro o cinco año”, añade el CEO de Gallagher en Chile.

Ley 21.578 eliminó restricción a transportistas de pasajeros deudores de préstamo solidario estatal para obtener permiso de circulación.

La Tesorería General de la República informó que a partir del 31 de mayo pasado queda sin efecto la disposición establecida en las leyes 21.256 (septiembre de 2020) y 21.323 (abril de 2021), de realizar acciones de cobro del préstamo solidario estatal otorgado a transportistas de pasajeros, condicionando el otorgamiento del permiso de circulación al pago de las cuotas respectivas de ese préstamo estatal.

Tal medida queda sin efecto luego de publicada en el Diario Oficial, el 30 de mayo recién pasado, la Ley 21.578, sobre reajuste del salario mínimo, que incluyó una disposición miscelánea referida a eliminar esa modalidad de cobro del préstamo solidario estatal, entregado a los transportistas de pasajeros durante la pandemia.

Ambas leyes establecían que “en caso de no pago dentro de plazo a la Tesorería General de la República, las cuotas adeudadas se agregarán al cobro del permiso de circulación que les corresponda, siendo requerido el pago de las cuotas adeudadas para la obtención del mismo”.

En efecto, la nueva disposición legal publicada el martes pasado elimina la disposición mencionada, y por consiguiente se elimina la obligación contenida en ellas de agregar el cobro del permiso de circulación las cuotas adeudadas de dichos préstamos.

No obstante, el mismo Artículo 26 de la Ley 21.578 aclara que la TGR, en representación del Fisco, “estará facultada para realizar, por sí o a través de terceros, las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes para obtener el reintegro del préstamo que haya sido otorgado de acuerdo a la ley”.

La medida permite suscribir convenios de pago con la TGR, para el pago hasta en 48 meses y la condonación del 100% de intereses y multas.

La Tesorería General de la República informó que con la entrada en vigencia de la Ley 21.578, publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo pasado, se amplió la vigencia del beneficio de alivio tributario para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), contemplado en la Ley 21.514 (diciembre de 2022), hasta el 31 de marzo de 2024.

De este modo, la Tesorería aclaró que las Mipymes que tienen deudas vencidas de impuestos fiscales y territoriales (contribuciones de bienes raíces) y no alcanzaron a acogerse a este beneficio que estuvo vigente inicialmente hasta el 30 de abril pasado, lo pueden hacer hasta el 31 de marzo del próximo año.

La Ley 21.514 dispone que los contribuyentes con deudas tributarias morosas, pueden normalizar esta situación mediante la suscripción de un convenio de pago con la Tesorería, mediante el pago en cuotas hasta en 48 meses, y la condonación del 100% de intereses y multas. Asimismo, los deudores que opten por ponerse al día con el pago al contado, también obtienen el beneficio de la condonación de multas e intereses devengados en el periodo de incumplimiento de la responsabilidad tributaria.

Concretamente, el Artículo 27 de la Ley 21.578 señala: “Reemplázase en el inciso primero del Artículo 6 de la ley N° 21.514, que modifica el fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios y permite flexibilizar convenios de pago por impuestos adeudados, para apoyar la reactivación de la economía, la expresión “30 de abril de 2023” por “31 de marzo de 2024”.

Por lo tanto, a partir de esta fecha las Mipymes que se encuentran con el pago atrasado de impuestos, como también de contribuciones, pueden acogerse a este

beneficio por medio de la Oficina Virtual de Trámites, disponible en el sitio web www.tgr.cl, o bien recurriendo de manera presencial a la red de oficinas de la Tesorería, a lo largo del país.

Dado que se mantienen los mismos términos establecidos en la Ley 21.514, las y los deudores elegibles para este beneficio y que opten por el pago al contado son aquellos que tengan deudas tributarias vencidas al 30 de junio de 2022 y que figuren en la nómina respectiva proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La Ley 21.514 también establece que en el caso de contribuyentes que opten por un convenio con la Tesorería, pueden dar un 3% de pie, e incluso 0% de pie, cuando se trate de una deuda morosa acumulada entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de abril de 2022.

Dalgi es un perro de asistencia que ayuda a Catalina, su dueña, en el manejo de sus crisis y apoyo emocional. La legislación actual chilena sólo contempla a los perros de asistencia para personas con discapacidades físicas, por lo que Catalina y Dalgi buscan crear la “Ley Dalgi”, para que exista una legislación donde se permita tener perros de asistencia psiquiátrica. La petición en la plataforma Change.org ha juntado más de 8 mil firmas a nivel nacional, y busca que el tema sea abordado por el Congreso.

Dalgi es un perro de raza akita y ha sido entrenado para acompañar y ser parte de la terapia de su dueña, Catalina Trujillo, quien tiene trastorno bipolar y crisis de angustia. Dalgi tiene su certificado para ser un perro de apoyo emocional, pero eso no es suficiente.

“El certificado de apoyo emocional te lo puede dar un psiquiatra o psicólogo, es para personas que sufren de distintos problemas psicológicos y a las que su perro les ayuda a calmarse”, explica Catalina, la dueña de Dalgi y la creadora de la petición.

“[Este certificado] no le permite entrar a todos lados conmigo, solo ayuda en algunas aerolíneas, legalmente no sirve para nada más y yo necesito estar con Dalgi en lugares públicos por si tengo una crisis”, cuenta Catalina.

En Chile, actualmente solo existe la Ley 25.025, que contempla a los perros de asistencia para personas con discapacidades físicas, pero no psiquiátricas. Esta ley especifica que “toda persona con discapacidad (…) tendrá el derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia”.

Sin embargo, un perro de apoyo emocional es distinto a un perro de servicio. “El de apoyo simplemente ayuda acompañando, mientras que el de servicio realiza distintas terapias, como la terapia de presión profunda, que es similar a un abrazo. Dalgi se acuesta encima mío y la presión en los músculos ayuda a calmarme en estados de crisis, e incluso ayuda a bajar el ritmo cardíaco”, explica Catalina.

Bajo este contexto, para Catalina y Dalgi se vuelve complejo realizar actividades cotidianas como ir al supermercado o utilizar el transporte público.

“Muchas veces no puedo entrar a distintos lugares con Dalgi, por lo que no me puede ayudar a prevenir o lidiar con mis crisis”, cuenta Catalina. “No culpo a las personas que no nos dejan pasar, ya que legalmente no tienen la obligación, y lo que hago es buscar otro lugar, o esperar la siguiente micro”, agrega.

Por eso, Catalina junto a Dalgi, han comenzado una petición en la plataforma Change.org para que exista una legislación donde se permita tener perros de asistencia psiquiátrica, petición que llamó “Ley Dalgi”.

Ley Dalgi

Al no existir una ley que contemple a los perros de asistencia para personas con discapacidades psiquiátricas, Catalina Trujillo levantó una petición en la plataforma de activismo digital, Change.org, llamada “Por la Ley Dalgi: Permitan perros de servicio psiquiátrico en Chile”, con el fin de que perros como Dalgi puedan brindar este servicio a sus dueños, y está dirigida al Congreso pleno.

Actualmente, la Ley 20.025 especifica que “se entenderá por ‘perro de asistencia’ aquel que fuere individualmente entrenado para realizar labores en beneficio de una persona con discapacidad”.

También, que “toda persona con discapacidad (…) tendrá el derecho a ser acompañada permanentemente por un perro de asistencia, a todo edificio, construcción, infraestructura o espacio de uso público, sea de propiedad privada o pública, destinado a un uso que implique concurrencia de público”.

Y, sobre el uso de transporte, la legislación menciona que “estas personas, junto con sus perros de asistencia, tendrán derecho a acceder y circular en cualquier medio de transporte terrestre o marítimo de pasajeros que preste servicios en el territorio nacional, sea gratuito o remunerado, público o privado, individual o colectivo”.

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Debido a esto, Catalina creó la petición “Por la Ley Dalgi: Permitan perros de servicio psiquiátrico en Chile”, la cual ha juntado más de 8 mil firmas en todo el país para que, tal como ella comenta, “los perros de asistencia estén bien regulados y se certifiquen según su comportamiento, ya que el sistema actual puede perjudicar a los que necesitamos perros de apoyo si alguien tiene uno que no sabe comportarse, además de que así los dueños no tendríamos negada la entrada a lugares con nuestros perros de asistencia”.

Así, Catalina busca que se cree una Ley Dalgi que contemple a los perros de asistencia para discapacidades psicológicas “para poder entrar a todos lados con él y sentirme segura de que él me ayudará a prevenir mis crisis y, en caso de tener una, a poder lidiar con ella”.

La Ley Karin consiste en un proyecto de ley que pretende modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Este proyecto fue presentado el 18 de mayo y, a una semana de creada la petición en la plataforma de activismo digital Change.org, ha juntado más de 11 mil firmas en apoyo a la creación de esta ley.

Karin Salgado Molina era TENS en Enfermería en el Hospital Clínico Herminda Martín en la ciudad de Chillán, en el área de Pediatría. En noviembre de 2019, Karin terminó con su vida y, a través de una carta que le dejó a su familia, explicaba que sufría de acoso laboral por parte de sus jefaturas y colegas.

El caso de Karin, ocurrido hace tres años, volvió a la palestra luego de que se diera a conocer el caso de Pola Álvarez, enfermera de la Clínica Cordillera, en Santiago, quien fue emboscada y apuñalada al salir de su lugar de trabajo el pasado 26 de junio, y quien también sufría de amenazas en su contra, tal como denunció su padre a los medios de comunicación.

Luego de este caso, en la plataforma Change.org Chile, Claudia Salgado, la hermana de Karin Salgado, creó una petición llamada “Yo Apoyo #LeyKarin Tolerancia Cero al Acoso Laboral”, para exigir justicia y alzar la voz frente a los casos como el de su hermana; y también como el ataque donde resultó gravemente herida Pola Álvarez, a fines de junio; los casos de Florencia Elgueta y Vanessa Araya del Hospital de Viña del Mar en 2021; y quienes han sido víctimas del maltrato y el acoso laboral.

“Esta petición fue creada para dar a conocer que un gran grupo de parlamentarios, impulsados por la diputada Erika Olivera, nos han escuchado y están preocupados por los trabajadores de nuestro país, presentando un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso y maltrato laboral que hoy en día en nuestro país está deshumanizando a las personas”, menciona Claudia Salgado.

“La petición nace también como una forma de dignificar póstumamente a Karin, y de dar respuesta a todas las personas que nos escriben a diario a través de redes sociales para exponer sus casos en búsqueda de ayuda y esperanza”, agrega.

“Ley Karin”

Este proyecto de ley busca modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral.

Según manifestó la diputada Erika Olivera, al presentar el proyecto de ley el pasado mes de mayo y por información que solicitó a la Dirección del Trabajo, este organismo recibió 9.178 denuncias presuntivas por acoso laboral entre 2017 y 2021, siendo 3.000 de estas entre 2020 y 2021.

“La mayor parte de las materias denunciadas se refieren a la vulneración de derechos como la integridad física, psíquica y la honra del trabajador o trabajadora y casi el 67% de las denuncias las realizan mujeres”, agregó.

Con esta ley se busca incorporar el deber del empleador de resguardar la salud mental y física de sus trabajadores, estableciendo la obligación de “adoptar todas las medidas tendientes a proporcionar al trabajador o trabajadora denunciante atención psicológica especializada inmediatamente luego de haber recibido la denuncia”.

También, busca que al interior de las empresas se establezcan y confeccionen protocolos de prevención y de investigación del acoso laboral y sexual; se designará a un “delegado de prevención” que actuará como canal de denuncia; y establecerá la obligación del empleador de denunciar al Ministerio Público los casos que pudieran constituir delito.

Y, por último, se contempla una sanción en caso de incumplimiento por parte del empleador (en la obligación de protocolos y en la obligación y sanción de conductas de acoso laboral) que será de entre 150 a 300 UTM.

“Este es un gran proyecto, es humano, transversal y de dignidad para todos los trabajadores de nuestro país, donde se rescata la salud mental, la psico-educación, el acompañamiento a las víctimas, sanciona a los maltratadores, crea protocolos psicosociales preventivos y no reactivos, y hace que éstos sean aplicados en los lugares de trabajo para que ir a trabajar no se transforme en una tortura”, opina Claudia Salgado, hermana de Karin y la creadora de la petición.

El proyecto fue presentado por la diputada Erika Olivera (RN), y cuenta con el apoyo de parlamentarios tanto de oficialismo como de oposición, tales Daniela Cicardini (PS), Camila Musante (IND), Alberto Undurraga (DC), el independiente republicano Mauricio Ojeda, y Carla Morales, Ximena Ossandón y Andrés Celis de Renovación Nacional.

“Desde el primer día hemos estado en contacto con parlamentarios, de distintas bancadas, que se han ido sumando y apoyando este proyecto de ley”, menciona Claudia Salgado.

“Esto es lo que más emociona, que todos están unidos por una sola razón, el bienestar físico, emocional, el ambiente de buen trato y de respeto de cada uno de nuestros trabajadores”, agrega.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, dentro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Link de la petición: https://www.change.org/LeyKarin_NoalAcosoLaboral

Tras una petición del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh ) la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, presidida por Alfonso De Urresti, aprobó hoy la mayoría de los artículos del proyecto de ley  matrimonio igualitario que la presidenta Michelle Bachelet envío al Congreso Nacional en el marco de Un Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  junto a dicho movimiento LGBTI.

“En total, se dieron por aprobados 29 artículos. Otros 27 donde se presentó indicaciones serán discutidos en particular. Esta es una buena noticia, pues implica que un sola sesión se avanzó positivamente en más e la mitad del proyecto”, señaló el vocero del Movilh, Óscar Rementeria

El dirigente añadió que del total de indicaciones presentadas “16 son contrarias al proyecto de ley y fueron impulsadas por los senadores  Iván Moreira y Víctor Pérez. En tanto 11 indicaciones son del Senador Juan Ignacio Latorre y apuntan a mejorar el proyecto de ley”.

Tras exponer hoy en la Comisión, el Movilh precisó que “entre los artículos aprobados esta jornada se encuentran aquellos que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, la representación de legal de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo, el reemplazo de los vocablos padre o madre por el de progenitores y  el reconocimiento de la filiación a quienes son hijos de parejas del mismo sexo, entre otros”.

“Uno de los artículos aprobados más relevantes es el 1, que reconoce la relación matrimonial de parentesco entre cónyuges, cualquier sea su sexo, y no solo entre un hombre y un mujer. Con esto, sin duda podemos decir que la Comisión de Constitución dijo sí al matrimonio igualitario,” apuntó la abogada del Movilh, Mónica Arias, quien expuso hoy en el Senado junto al encargado de Derechos Humanos de la organización. Ramón Gómez

El proyecto de ley de matrimonio igualitario fue presentado en 2017 la ex presidenta Michelle Bachelet en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En tanto, hoy el Movilh dio a conocer la la Primera Encuesta Nacional sobre  Familias Homoparentales  aplicada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) a madres y padres LGBTI arrojó diversos resultados que dan cuenta sobre el amor que las une y las desigualdades legales que afectan su desarrollo, a un punto que la mayoría (54.5%)  reporta haber sufrido discriminación y denuncia al Registro Civil como la entidad donde enfrentan más problemas.

Aplicada entre el 13 de julio y el 19 de agosto a 219  personas, el pionero sondeo arrojó que hay más madres (86,1%) que padres (13,3%)  LGBTI, mientras la mayoría (57%) tuvo sus hijos mediante coito heterosexual, pero si pudiera ser nuevamente padre o madre, la mayoría prefería la reproducción asistida o la adopción. Igual de relevante, es que un número importante (14,6%), se ha convertido en padre o madre solo porque asumió la crianza, sin coito, adopción o fertilización asistida de por medio.

La mayoría de los hijos/as es criado, educado y vive con una pareja del mismo sexo (61,5%) y reconoce tener dos padres o dos madres (77.3%). Sin embargo, la custodia en la mayoría de las ocasiones (87,7%) solo la tiene un padre o madre biológica y/o la comparte con otras personas, que no son su pareja, ni tampoco quien los niños o niñas reconocen como su padre o madre.

El estudio completo se encuentra aquí: http://www.movilh.cl/documentacion/2020/Encuesta-homo-lesboparentalidad-Movilh.pdf