Documento detectó 910 funcionarios a nivel nacional que jugaron más de $11 mil millones pese a prohibición legal.

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos, pese a tener prohibición legal por administrar fondos del Estado. Entre las entidades mencionadas en el informe figura la Municipalidad de Valdivia.

Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, los funcionarios involucrados pertenecen a 371 instituciones públicas y registraron transacciones por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025 .

El informe identifica además que 181 funcionarios concentran el 96,8% del dinero apostado, es decir, más de $11 mil millones, montos que —según el organismo— no se condicen con sus ingresos .

Entre las instituciones donde se detectaron casos aparece la Municipalidad de Valdivia, lo que confirma la presencia de esta situación en la Región de Los Ríos, aunque el documento no detalla cuántos funcionarios corresponden a la zona ni los montos asociados.

La normativa vigente prohíbe expresamente que funcionarios que administran o custodian fondos públicos participen en juegos de azar. Por ello, la Contraloría informó que los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Casinos de Juego para iniciar sanciones, mientras que las instituciones deberán abrir investigaciones administrativas en un plazo de cinco días.

Además, los casos con mayores montos fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para determinar eventuales responsabilidades.

Informe interno revela que al menos 10 fiscales y 32 funcionarios realizaron viajes mientras estaban con licencia médica entre 2022 y 2025. Los casos se distribuyen en 11 regiones del país, aunque no se precisó cuáles.

Un informe elaborado por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional reveló que un total de 42 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa, entre los años 2022 y 2025.

La investigación surge a raíz de la creciente preocupación por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tema que ha generado controversia tras los hallazgos de la Contraloría General de la República. Para elaborar el informe, la Fiscalía Nacional realizó un cruce de datos con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar “eventuales casos que contravinieran los principios de probidad y cumplimiento de deberes”.

Aunque el informe no detalla qué regiones están involucradas, se informó que los casos detectados se distribuyen en 11 regiones del país. La Fiscalía ya remitió los antecedentes a cada una de las Fiscalías Regionales respectivas para que se tomen las medidas administrativas correspondientes, como sumarios, solicitudes de informes u otras acciones de verificación.

Desde la Fiscalía Nacional señalaron que esta decisión se enmarca en la política institucional de fortalecer los controles internos y actuar de manera proactiva frente a posibles irregularidades. El informe interno fue emitido luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se expuso que más de 25 mil trabajadores públicos habrían salido del país con licencia médica vigente.

La magnitud del fenómeno ha generado una ola de reacciones en distintas instituciones del Estado. En su último informe, la Contraloría destacó casos en organismos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, lo que motivó que incluso en la Cámara de Diputados se comenzaran a instruir investigaciones internas.

Por ahora, se desconoce si algunos de los funcionarios involucrados serán objeto de acciones judiciales, pero desde el Ministerio Público se indicó que “los antecedentes están siendo revisados para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Según la encuesta “Chile Nos Habla” de la Universidad San Sebastián, un 64% de los encuestados exige que se desvincule a los funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencia médica. Aún más: un 70% quiere que devuelvan el dinero. Pero, pese a la indignación, la mayoría cree que no pasará nada.

Mientras el país aún digiere el escándalo de las más de 25 mil licencias médicas utilizadas para salir del país, la ciudadanía ya tiene clara su postura: esto no puede quedar impune. Así lo confirma la más reciente edición de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad San Sebastián, que revela la creciente indignación de los chilenos ante lo que muchos ya califican como “fraude con fondos públicos”.

El 64,2% de los consultados quiere la desvinculación inmediata de los funcionarios públicos que usaron licencias médicas para vacacionar fuera del país. Pero el repudio va más allá: el 69,9% exige el reembolso del dinero pagado por esas licencias, un castigo que apunta directamente a resarcir el daño fiscal causado.

“Este hecho es de la mayor gravedad, daña la fe pública y la legitimidad del Estado. En momentos de estrechez fiscal, duele constatar que este fraude se financió con los impuestos que pagan todos los chilenos”, advirtió Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS.

La indignación también apunta a los médicos: un 44,9% cree que se debe investigar a quienes emitieron esas licencias, mientras que un 41,7% exige acciones legales contra los funcionarios involucrados y un 40,9% solicita la realización de sumarios administrativos.

Pero, pese a la contundencia de las respuestas, la desconfianza ciudadana sobre el desenlace es evidente: un 58,4% cree que no pasará nada con los involucrados. Solo un 11% confía en que se tomen medidas reales y ejemplificadoras.

Para el Dr. Jorge Acosta, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS), los encuestados aciertan al exigir más fiscalización: “Urge evitar la utilización maliciosa de las licencias médicas y que aquello tenga consecuencias, tanto para los que las piden como para quienes las emiten”.

La ciudadanía ya habló: quiere justicia, reembolso y desvinculaciones. Pero teme quedar, otra vez, viendo cómo todo se diluye en la impunidad.

Weber lo resume así: “Este es el momento para sancionar conforme a derecho y, además, repensar un sistema de empleo público que hoy actúa más como un escudo de impunidad que como garante del buen uso de los recursos públicos”.

Chile Nos Habla se realizó entre el 23 y el 27 de mayo de 2025 con 834 casos válidos a nivel nacional.

El ministro Mario Marcel subrayó que los sumarios administrativos son procedimientos breves y claros, que permiten establecer responsabilidades en casos de viajes al extranjero durante licencias médicas. Contraloría, por su parte, solicitó mayores atribuciones para fiscalizar y aplicar sanciones directamente.

En medio del escándalo nacional por las denominadas “licencias all inclusive”, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue enfático al señalar que los sumarios administrativos no son procesos complejos ni extensos, y que permiten aplicar sanciones claras frente al mal uso de licencias médicas.

A la fecha, el Ministerio de Hacienda ha iniciado 6.592 sumarios en 131 servicios públicos. Además, 1.102 funcionarios han abandonado la administración gubernamental, aunque no se ha detallado cuántos lo hicieron por despido o renuncia.

“El procedimiento es sencillo. Se trata de sumarios administrativos, no investigaciones sumarias, y consisten básicamente en responder tres preguntas: cuál fue la causal de la licencia médica, si hubo viaje y cuál fue el motivo del viaje”, explicó Marcel. Añadió que este proceso “no requiere convocar testigos ni realizar indagaciones extensas”.

Entre las sanciones que pueden derivar de estos procedimientos se contemplan la destitución, la suspensión con reducción de sueldo, el rechazo de la licencia médica, la devolución de fondos al empleador, e incluso el sobreseimiento en casos específicos como las licencias maternales.

Marcel también advirtió que cerca del 10% de los funcionarios involucrados ingresaron al Estado a partir del año 2022, destacando que este fenómeno no se restringe a prácticas anteriores.

Por su parte, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció en el Senado solicitando que se refuercen las atribuciones del organismo para fiscalizar de forma más eficaz. “En otros países, las contralorías acceden directamente a las cartolas bancarias de los servicios públicos. Nosotros debemos pedirlas ‘por favor’ y muchas veces se nos alega secreto bancario”, lamentó.

La contralora también planteó que la entidad pueda aplicar directamente las sanciones derivadas de los sumarios, evitando que sus resoluciones sean revertidas por autoridades superiores, lo que —según señaló— “desmoraliza a la institución y a la ciudadanía”.

Finalmente, Pérez anunció que estas fiscalizaciones se realizarán de forma anual para desincentivar el mal uso del sistema. El objetivo, afirmó, es claro: proteger los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.

La medida preventiva busca resguardar la seguridad de nuestros vecinos y funcionarios y desde la Municipalidad de Panguipulli, se hace un llamado a la tranquilidad, ya que se activaron todos los protocolos correspondientes para evitar la propagación de los contagios. Nuestras oficinas han sido sanitizadas y los contactos estrechos aislados, es por eso que de forma preventiva no se realizará atención de público en las oficinas de Dideco en calle Etchegaray 381 para cuidar la salud de las y los vecinos y funcionarios municipales.

El Departamento de Salud Municipal de Valdivia, frente a este brote de covid-19, anunció que mantendrá cerrado hasta el día de mañana, retomando el día miércoles idealmente una vez que esté completamente sanitizado.

El centro de salud es uno de los más grandes del sur del país, con una población usuaria cercana a los 50 mil personas, quienes han sido derivados a otros recintos de la comuna.

La Secretaria Regional Ministerial de Salud, Dra. Regina Barra, de acuerdo a las atribuciones que la Ley le otorga, informa que a través de la Resolución Exenta N°8974/2020, emitida a las 18:00 horas del 27 de marzo del presente año, se decretó el cierre preventivo del Cesfam Dr. Jorge Sabat Gozalo de Valdivia, luego de que se recibieran resultados confirmatorios para covid-19 de seis funcionarios de dicho establecimiento de salud.

La medida se extenderá inicialmente por 48 horas, tiempo en el cual deberán realizarse las acciones de aseo terminal y sanitización del recinto.

Paralelamente, se está realizando la investigación epidemiológica correspondiente para determinar los contactos de riesgo y evaluando clínicamente a aquellos funcionarios que pudieran estar dentro de esta categoría, decisión que se toma con la finalidad de resguardar la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios del establecimiento.

Igualmente, informó que está en evaluación extender el período de prohibición de funcionamiento del Cesfam hasta que concluya la investigación epidemiológica en curso.