Puntos Clave de la Noticia:

• La PDI, el SERMIG y el SII realizaron un operativo conjunto en comercios de Valdivia.
• Tres ciudadanos extranjeros fueron denunciados por trabajar sin la autorización correspondiente.
• Un empleador fue citado por contratar a personal extranjero en situación migratoria irregular.

La fiscalización liderada por la Policía De Investigaciones de la capital regional se realizó en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) encontrando faltas a la normativa migratoria laboral y tributaria en establecimientos comerciales de la comuna.

En un nuevo despliegue interinstitucional en pro de resguardar el respeto irrestricto a la actual Ley de Migración la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) de Los Ríos, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (SII), liderados por la Policía de Investigaciones (PDI), realizaron un operativo de fiscalización en diversos establecimientos comerciales del centro y sectores periféricos de Valdivia.

Los hallazgos de la jornada dejaron un total de ocho personas consultadas, resultando tres ciudadanos extranjeros denunciados por infracción al Artículo 109 de la Ley de Migraciones que es trabajar sin autorización correspondiente, además de un empleador denunciado bajo el Artículo 117, esto por dar trabajo a personas en situación irregular sin sus papeles al día.

Sobre los locales fiscalizados el único que no respetaba la normativa vigente fue Gala Kosmeticos, en el centro de Valdivia, en donde se encontraba trabajando un ciudadano chino que ingresó por paso no habilitado.

La directora regional (s) del SERMIG en Los Ríos, Macarena Gallardo, valoró la instancia: “lo de hoy responde a una directriz que comenzó a inicios de año como forma de ordenar y regular la actividad laboral y migratoria no sólo en la región, sino que a lo largo de todo el país. Como SERMIG, debemos velar por el cumplimiento de la normativa vigente por parte de todos los extranjeros que deciden llegar a nuestra Región, exigiendo además la máxima responsabilidad a los empleadores, con el mensaje claro de que en nuestro país las leyes se respetan”.

El dispositivo multisectorial contó con la participación activa de la directora regional (S) del SERMIG, el jefe del departamento de Policía Internacional y Migración de Valdivia junto a 4 efectivos de la institución más 3 fiscalizadores del SII.

Puntos Clave de la Noticia:

• La Superintendencia del Medio Ambiente revisa importaciones realizadas entre 2022 y 2026.
• Se busca verificar que las empresas cumplan con las metas de recolección de la Ley REP.
• El proceso incluye cruce de datos con Aduanas e inspecciones para evitar ventajas injustas.

La Superintendencia del Medio Ambiente está revisando las importaciones realizadas entre 2022 y 2026 para comprobar que las empresas cumplan con su obligación de hacerse cargo de los neumáticos que terminan convertidos en residuos.

¿Qué pasa con los neumáticos cuando ya no sirven? Aunque muchas veces terminan acumulados en patios, bodegas o vertederos, en Chile existe una ley que obliga a las empresas que los introducen al mercado a responsabilizarse de su recolección y tratamiento. Ahora, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una fiscalización para comprobar que las importadoras estén cumpliendo con esta exigencia.

La investigación considera el cruce de información con el Servicio Nacional de Aduanas, lo que permite identificar a las empresas que han ingresado neumáticos al país y verificar si participan en los sistemas autorizados para gestionar estos residuos. El objetivo es detectar a quienes podrían estar evitando sus obligaciones ambientales.

¿Qué exige la ley a las empresas?

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, conocida como Ley REP, establece que las empresas deben hacerse cargo de determinados productos una vez que terminan su vida útil. En el caso de los neumáticos, esto significa cumplir metas de recolección y tratamiento para recuperar materiales y reducir la cantidad de residuos.

Estas obligaciones comenzaron a regir en enero de 2023. Para cumplirlas, las importadoras deben contar con un sistema de gestión individual autorizado o incorporarse a uno colectivo, encargado de organizar la recolección y el aprovechamiento de los neumáticos usados.

Revisan importaciones de los últimos años

Las fiscalizaciones incluyen inspecciones en terreno y solicitudes de antecedentes sobre las importaciones realizadas entre 2022 y 2026. También se está revisando cómo operan las empresas y qué hacen con los neumáticos dañados, las pérdidas y otros residuos asociados a sus actividades.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, explicó que estas acciones buscan asegurar que todas las empresas cumplan las mismas reglas y evitar ventajas injustas para quienes no asumen los costos de sus obligaciones ambientales.

“Estamos fiscalizando el mercado de importación de neumáticos para asegurar que todas las empresas asuman sus obligaciones ambientales”, señaló la autoridad, quien también anunció una estrategia que contempla el inicio de procedimientos sancionatorios.

¿Por qué importa esta fiscalización?

La medida busca evitar que los neumáticos fuera de uso queden sin una gestión adecuada y asegurar que las empresas responsables de comercializarlos contribuyan a su recolección y tratamiento.

La SMA confirmó que continuará las inspecciones y el análisis de antecedentes junto a otros organismos públicos para identificar posibles irregularidades y fortalecer el cumplimiento de la normativa ambiental.

Por ahora, la institución no ha informado cuántas empresas han sido fiscalizadas ni ha identificado públicamente a importadoras que hayan incumplido la ley en el marco de este operativo.

Puntos Clave de la Noticia:

• El SERNAC realiza una fiscalización a nivel nacional en comercios y grandes tiendas.
• Se revisa el cumplimiento de la Ley del Consumidor y el Decreto N° 176/2006 sobre rotulado y seguridad.
• La normativa exige que las sillas cuenten con etiqueta amarilla de acreditación y cumplan estándares internacionales.

A través de esta acción, el Servicio busca verificar que el comercio cumpla con las exigencias que establece la Ley del Consumidor y el Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Además, el ente fiscalizador revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de este tipo de implementos.

La Ley del Tránsito exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive, de estatura inferior a 135 cm y/o peso menor o igual a 33 kilogramos.

El SERNAC inició un proceso de fiscalización a las grandes tiendas y comercios especializados en artículos infantiles, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las exigencias que establece la Ley del Consumidor en la venta de Sistemas de Retención Infantil (SRI), más conocidas como sillas de autos infantiles.

A través de esta fiscalización, de alcance nacional, el Servicio revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de estos productos.

De esta forma, el SERNAC busca garantizar el derecho de los consumidores a una información veraz y oportuna, junto con proteger la seguridad de los niños y niñas que viajan en vehículos livianos de acuerdo a las exigencias del Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (CONASET).

Advertencias de Seguridad:

En Chile, la Ley de Tránsito chilena exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive o de estatura inferior a 135 cm, y peso menor o igual a 33 kilogramos de peso que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos.

Adicionalmente, desde mayo del año 2016 entró en vigencia un nuevo decreto que hace obligatorio que todas las sillas de niños que se comercialicen en Chile cumplan con las normativas de seguridad vigentes en Europa y Estados Unidos.

Esta exigencia garantiza que los sistemas de retención infantil hayan sido sometidos a ensayos de comportamiento ante impactos, así como a pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material.

Ejes fiscalización del SERNAC

El foco de la fiscalización del SERNAC estará en una serie de aspectos relevantes, entre ellos, el deber de rotulado establecido en la Ley del Consumidor y lo que establece el Decreto 176/2006).

Recordemos que la norma sectorial establece que las sillas de seguridad infantil deben contar con una etiqueta física, adherida de forma permanente, de color amarillo obligado, con dimensiones mínimas de 7 cm de ancho por 8 cm de alto y letras negras.

Dicha etiqueta debe contener de forma clara el código impreso de acreditación oficial expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones / CONASET.

Entre los principales ejes a fiscalizar por parte del SERNAC destacan:

Orientación mirando hacia atrás: Etiqueta obligatoria y visible que advierta explícitamente sobre el peligro de colocar la silla mirando hacia atrás en asientos equipados con bolsa de aire (airbag) frontal activa, debido al riesgo de daño grave o muerte.

Límites de peso y talla: Advertencia de que la silla no debe ser orientada hacia adelante si el niño no alcanza el peso o talla mínimo fijado por el fabricante.

Manuales de instrucciones en castellano: Toda la información técnica, advertencias de instalación, fijación de arneses y fecha de vencimiento debe estar disponible en idioma castellano y expresada en términos legibles y de fácil comprensión.

Listado de sillas acreditadas: Verificar si el modelo de SRI fiscalizado se encuentra o no dentro del listado de sillas acreditadas que mantiene CONASET en su sitio web.

Recomendaciones al momento de comprar una silla para niños

Para orientar a los padres y madres al momento de adquirir un Sistema de Retención Infantil, el SERNAC entrega las siguientes recomendaciones prácticas:

Exigir la Etiqueta Amarilla: Antes de comprar, verifique que la silla tenga la etiqueta amarilla adherida a su estructura. Compruebe que incluya el código de acreditación oficial de CONASET.

Consultar si la silla seleccionada se encuentra en el Listado Oficial de Acreditación: Verifique en el sitio web oficial de CONASET (www.conaset.cl/sillas-acreditadas/) que la marca y el modelo exacto que está adquiriendo se encuentre acreditado.

Revisar que el tipo de sistema de retención infantil sea apropiado para los menores que lo utilizarán, acorde a su edad, peso, estatura, y el tipo de vehículo.

Revisar la compatibilidad y el airbag: Si el niño o bebé viajará mirando hacia atrás, jamás instale la silla en un asiento con airbag frontal activo.

Atención a la fecha de vencimiento y reemplazo: Las sillas de autos tienen fecha de caducidad indicada por el fabricante. Además, la normativa indica que toda silla que haya estado involucrada en un accidente o colisión de impacto debe ser reemplazada inmediatamente, aunque no presente daños visibles a simple vista.

Manual de instrucciones obligatorio: Exija siempre el manual impreso en español. Un ajuste inadecuado del arnés o del cinturón de seguridad anula la efectividad del sistema de protección.

Puntos Clave de la Noticia:

• El SERNAC fiscaliza grandes tiendas y comercios especializados a lo largo de todo el país.
• Se revisa el cumplimiento de la Ley del Consumidor, la Ley de Tránsito y el Decreto N° 176/2006.
• Las sillas de autos deben contar con rotulado obligatorio y cumplir con normativas internacionales de impacto.

A través de esta acción, el Servicio busca verificar que el comercio cumpla con las exigencias que establece la Ley del Consumidor y el Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Además, el ente fiscalizador revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de este tipo de implementos.

La Ley del Tránsito exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive, de estatura inferior a 135 cm y/o peso menor o igual a 33 kilogramos.

El SERNAC inició un proceso de fiscalización a las grandes tiendas y comercios especializados en artículos infantiles, con el objetivo de verificar si están cumpliendo con las exigencias que establece la Ley del Consumidor en la venta de Sistemas de Retención Infantil (SRI), más conocidas como sillas de autos infantiles.

A través de esta fiscalización, de alcance nacional, el Servicio revisará si los locales comerciales están cumpliendo con las obligaciones de información, rotulado y seguridad en la comercialización de estos productos.

De esta forma, el SERNAC busca garantizar el derecho de los consumidores a una información veraz y oportuna, junto con proteger la seguridad de los niños y niñas que viajan en vehículos livianos de acuerdo a las exigencias del Decreto N° 176/2006 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (CONASET).

Advertencias de Seguridad:

En Chile, la Ley de Tránsito chilena exige el uso obligatorio de sistemas de retención infantil (SRI) para menores de 8 años inclusive o de estatura inferior a 135 cm, y peso menor o igual a 33 kilogramos de peso que viajen en los asientos traseros de los vehículos livianos.

Adicionalmente, desde mayo del año 2016 entró en vigencia un nuevo decreto que hace obligatorio que todas las sillas de niños que se comercialicen en Chile cumplan con las normativas de seguridad vigentes en Europa y Estados Unidos.

Esta exigencia garantiza que los sistemas de retención infantil hayan sido sometidos a ensayos de comportamiento ante impactos, así como a pruebas de volcamiento, resistencia de los broches del arnés, seguridad ante rotación y pruebas de inflamabilidad del material.

Ejes fiscalización del SERNAC

El foco de la fiscalización del SERNAC estará en una serie de aspectos relevantes, entre ellos, el deber de rotulado establecido en la Ley del Consumidor y lo que establece el Decreto 176/2006).

Recordemos que la norma sectorial establece que las sillas de seguridad infantil deben contar con una etiqueta física, adherida de forma permanente, de color amarillo obligado, con dimensiones mínimas de 7 cm de ancho por 8 cm de alto y letras negras.

Dicha etiqueta debe contener de forma clara el código impreso de acreditación oficial expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones / CONASET.

Entre los principales ejes a fiscalizar por parte del SERNAC destacan:

Orientación mirando hacia atrás: Etiqueta obligatoria y visible que advierta explícitamente sobre el peligro de colocar la silla mirando hacia atrás en asientos equipados con bolsa de aire (airbag) frontal activa, debido al riesgo de daño grave o muerte.

Límites de peso y talla: Advertencia de que la silla no debe ser orientada hacia adelante si el niño no alcanza el peso o talla mínimo fijado por el fabricante.

Manuales de instrucciones en castellano: Toda la información técnica, advertencias de instalación, fijación de arneses y fecha de vencimiento debe estar disponible en idioma castellano y expresada en términos legibles y de fácil comprensión.

Listado de sillas acreditadas: Verificar si el modelo de SRI fiscalizado se encuentra o no dentro del listado de sillas acreditadas que mantiene CONASET en su sitio web.

Recomendaciones al momento de comprar una silla para niños

Para orientar a los padres y madres al momento de adquirir un Sistema de Retención Infantil, el SERNAC entrega las siguientes recomendaciones prácticas:

Exigir la Etiqueta Amarilla: Antes de comprar, verifique que la silla tenga la etiqueta amarilla adherida a su estructura. Compruebe que incluya el código de acreditación oficial de CONASET.

Consultar si la silla seleccionada se encuentra en el Listado Oficial de Acreditación: Verifique en el sitio web oficial de CONASET (www.conaset.cl/sillas-acreditadas/) que la marca y el modelo exacto que está adquiriendo se encuentre acreditado.

Revisar que el tipo de sistema de retención infantil sea apropiado para los menores que lo utilizarán, acorde a su edad, peso, estatura, y el tipo de vehículo.

Revisar la compatibilidad y el airbag: Si el niño o bebé viajará mirando hacia atrás, jamás instale la silla en un asiento con airbag frontal activo.

Atención a la fecha de vencimiento y reemplazo: Las sillas de autos tienen fecha de caducidad indicada por el fabricante. Además, la normativa indica que toda silla que haya estado involucrada en un accidente o colisión de impacto debe ser reemplazada inmediatamente, aunque no presente daños visibles a simple vista.

Manual de instrucciones obligatorio: Exija siempre el manual impreso en español. Un ajuste inadecuado del arnés o del cinturón de seguridad anula la efectividad del sistema de protección.

Puntos Clave de la Noticia:

• El Sernac inició una fiscalización nacional a clínicas veterinarias para verificar el cumplimiento de la ley del consumidor.
• Preliminarmente se detectó que siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible para el público.
• Como aspecto positivo, la totalidad de los centros fiscalizados utiliza formularios de consentimiento informado antes de cirugías.

Durante el despliegue se revisan aspectos relacionados con la información veraz y oportuna, publicidad y seguridad en el consumo.

El objetivo de esta acción es corroborar la conducta de los proveedores de este mercado y revisar el cumplimiento de la Ley N° 19.496.

Preliminarmente se han detectado faltas al deber de información principalmente, la no exhibición de precios asociados a los servicios ofrecidos.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició un despliegue nacional de fiscalización, dirigido al mercado de cuidado de mascotas, específicamente en clínicas veterinarias y centros de atención veterinaria.

El objetivo de esta acción es corroborar la conducta de los proveedores de este mercado y revisar el cumplimiento de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC).

Durante el despliegue el Servicio revisa aspectos relevantes relacionados con la Información veraz y oportuna, tales como la identificación del jefe de local, la exhibición de precios, también en materia de publicidad, promociones y ofertas y sobre el cumplimiento del ofrecimiento de algunas veterinarias del servicio 24/7; así como la Seguridad en el Consumo, verificando que los centros de atención entreguen información clara sobre a las características, riesgos y cuidados derivados de la ejecución del servicio, que cuenten con los registros y autorizaciones que la normativa les exige, así como con la atención de profesionales calificados.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Si bien el despliegue nacional se encuentra en pleno desarrollo por parte de los equipos fiscalizadores de SERNAC, algunas observaciones preliminares dicen relación con:

La falta de información de precios de los servicios ofrecidos y la identificación del jefe de local. Siete de cada diez locales no mantienen una lista de precios visible y accesible. La práctica extendida es entregar valores únicamente de forma verbal o mediante presupuestos al momento de la atención.

Un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.

Como aspecto positivo, la totalidad de las clínicas fiscalizadas cumple con la exigencia de aplicar formularios de Consentimiento Informado escrito previo a intervenciones quirúrgicas o de sedación.

Una vez que el despliegue nacional finalice y se analicen la totalidad de los hallazgos, SERNAC definirá las acciones legales, en caso de que corresponda, contra aquellos proveedores que afecten gravemente los derechos de las personas consumidoras.

Puntos Clave de la Noticia:

• La Dedecon detectó que el SII exigía requisitos adicionales no previstos por la ley en las solicitudes RAF.
• El SII emitió una nueva circular para corregir estos criterios y facilitar el acceso a los procedimientos de impugnación.
• El acuerdo busca proteger los derechos de los contribuyentes y simplificar los trámites administrativos.

Un informe de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) sobre trámites asociados a la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) dio paso a un trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyos acuerdos fueron implementados y recogidos en una nueva circular emitida por el SII.

Santiago, Septiembre 2026. Tras un Informe Técnico de la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) sobre la tramitación de la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) accedió a hacer correcciones y mejoras al proceso administrativo a través de una circular que establece nuevos lineamientos normativos.

Las observaciones de la DEDECON respecto a las RAF estaban basadas, principalmente, en la exigencia por parte del SII de requisitos adicionales a los legales para la admisibilidad de este proceso administrativo, afectando los derechos de los contribuyentes.

Entre ellos se encontraban criterios como exigir que el error o vicio fuese atribuible únicamente al SII o considerar que la revisión solicitada por el contribuyente no podía implicar una denominada “nueva auditoría”. Estos criterios, que fueron variando durante el 2025, podían constituir una barrera para que los contribuyentes pudieran acceder fácilmente a este procedimiento de impugnación tributaria.

La nueva circular del SII establece expresamente que estas circunstancias no pueden utilizarse, por sí solas, para declarar inadmisible una solicitud administrativa realizada por un contribuyente. En particular, las nuevas instrucciones señalan que la inadmisibilidad no podrá fundarse en que la constatación del error requiera revisar un número importante de antecedentes, que estos debieron haber sido aportados en etapas anteriores o que el eventual vicio tenga su origen en una actuación del propio contribuyente.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, valoró la publicación de una nueva circular por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto a un tema “que es tan importante para los contribuyentes. Esta medida permite actualizar normativas, reducir procedimientos y, en definitiva, facilitarles la vida tributaria a muchos contribuyentes. El trabajo de la DEDECON también está para observar qué aspectos del sistema tributario son necesario mejorar, pensando siempre en resguardar los derechos de las personas y las empresas”.

Trabajo conjunto entre DEDECON y SII

Este avance se enmarca en los compromisos asumidos entre ambas instituciones. El 28 de noviembre de 2025, el SII acordó con la Defensoría actualizar, armonizar y consolidar las instrucciones relativas a los procedimientos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV), Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) y Recurso Jerárquico.

El compromiso quedó establecido en el Acta de Acuerdos N°9, suscrita entre el Defensor Nacional del Contribuyente y el SII, donde se identificó entre las problemáticas levantadas por la DEDECON la imposición de cargas procesales no establecidas en la ley para la corrección de vicios o errores manifiestos.

Posteriormente, la Defensoría participó en el proceso de elaboración de las nuevas instrucciones, formulando observaciones durante la consulta pública y mediante distintas minutas y oficios remitidos al SII.

Informes que pueden generar cambios

Para la Defensoría del Contribuyente, este resultado constituye también un ejemplo concreto del impacto que pueden generar sus informes sistémicos. Estos instrumentos permiten identificar dificultades que trascienden un caso particular, analizar sus efectos sobre los contribuyentes y proponer modificaciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema tributario.

“Este es un buen ejemplo de cómo una problemática que detectamos a partir de la experiencia de los contribuyentes puede transformarse en una mejora concreta del sistema. Nuestro informe permitió advertir que se estaban incorporando exigencias adicionales para acceder a la RAF y hoy vemos que las nuevas instrucciones del SII recogen una parte importante de esas observaciones y eliminan criterios que podían limitar el acceso de los contribuyentes a este procedimiento”, señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

Finalmente, Ricardo Pizarro señaló que la DEDECON continuará realizando seguimiento a la implementación de las nuevas instrucciones y promoviendo mejoras que permitan que los procedimientos administrativos de impugnación sean más claros, accesibles y respetuosos de los derechos de los contribuyentes.

El objetivo es evitar la exposición de los consumidores a riesgos de su salud e integridad física y psicológica/emocional.

Entre otros aspectos, se verifica que las empresas informen características, riesgos y medidas preventivas de sus servicios antes de prestarlos.

Ante cualquier problema, las personas pueden ingresar su reclamo en SERNAC.cl, llamando gratis al 800 700 100 o acudiendo a cualquiera de las oficinas ubicadas en cada región.

Con el compromiso de proteger los derechos de las personas consumidoras, promoviendo un entorno seguro y transparente, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) está llevando a cabo desde el pasado 28 de julio una fiscalización presencial a diversos Centros de Estética a nivel nacional.

En esta primera etapa, el despliegue incluye a las regiones de Ñuble, Metropolitana, Biobío, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Valparaíso, Maule, Tarapacá, Los Lagos, Los Ríos, Magallanes y La Araucanía.

Este operativo se realiza ante el aumento significativo en la demanda de procedimientos estéticos faciales y corporales. Esta tendencia ha generado una amplia oferta en el mercado, por lo que la iniciativa busca garantizar que los servicios cumplan con estrictos estándares de calidad y seguridad.

Por ello, el objetivo esencial de la fiscalización es evitar la exposición de los consumidores a riesgos de su salud e integridad física y psicológica/emocional, por lo que se focalizará en los siguientes aspectos:

Información y consentimiento: Las empresas deben detallar las características, riesgos y medidas preventivas de sus servicios antes de prestarlos. En procedimientos invasivos (como bótox o ácido hialurónico) o de riesgo relevante, el consentimiento informado debe ser por escrito. En ningún caso, el consentimiento dado, puede validar cláusulas que eximan de responsabilidad al proveedor frente a daños que se generen por la prestación del servicio.

Seguridad: Los establecimientos deben contar con permiso sanitario visible e implementar todas las medidas necesarias para garantizar un servicio seguro.

Publicación de precios: Los precios de los productos y servicios deben exhibirse en pesos chilenos con impuestos incluidos, de forma visible y accesible. El uso de códigos QR no reemplaza la obligación de contar con una lista de precios física. Si el servicio es personalizado, el proveedor debe informar al menos un "precio base".

Publicidad: Se pondrá especial atención a la publicidad que induzca a error o engaño, especialmente aquellas con promesas de resultados 100% garantizados (por ejemplo, "adiós a las arrugas" o "solución definitiva"). Frente a casos de este tipo, el Servicio está facultado para solicitar los antecedentes que permitan comprobar la publicidad.

Identificación jefe de local: El establecimiento debe informar los datos del Jefe de Local (nombre y domicilio deben estar visibles) y la identificación del Director/a Técnico/a, con la profesión según el tipo de centro.

Promociones y ofertas: Se verificará que cualquier promoción exhibida indique claramente sus bases (condiciones o restricciones) y su vigencia.

Cabe señalar que algunos de los servicios ofrecidos en estos establecimientos, pueden ser considerados como servicios riesgosos, y por ende, el proveedor es responsable de informar oportunamente a los consumidores y adoptar todas las medidas que resulten necesarias para su realización, en adecuadas condiciones de seguridad.

Recomendaciones al momento de elegir un Centro de Estética:

Verificar que el centro cuente con autorización sanitaria de la SEREMI de Salud.

Asegurarse de que los procedimientos sean realizados por profesionales calificados.

Confirmar que los productos utilizados tengan registro sanitario.

Desconfiar de precios excesivamente bajos y solicitar documentación que acredite el origen de los productos.

Recuerde que las complicaciones derivadas de procedimientos mal realizados pueden tener consecuencias irreversibles, tanto físicas como económicas.

Ante un problema de un servicio deficiente, las personas pueden ingresar su reclamo directamente en SERNAC.cl, mediante su ClaveUnica; llamando gratis al 800 700 100; o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región, las cuales puede revisar en www.sernac.cl

En definitiva, el balance fiscalizador arrojó 239 fiscalizaciones, 71 de ellas terminadas con multas, cuyo monto fue de $188.346.804. Hubo también 4 tripulantes suspendidos cuando iniciaban la conducción de los vehículos sin haber cumplido con los descansos legales previos.

La legislación vigente regula estrictamente las jornadas y descansos de los conductores, estableciendo, entre otras medidas, un máximo de cinco horas continuas de conducción, seguidas de al menos dos horas de descanso; además de pausas dentro de cada jornada de 24 horas.

Fiscalización

En los terminales de las 15 regiones objeto del programa inspectivo, los fiscalizadores subieron a las cabinas e imprimieron el comprobante de registro de jornada y descanso que debe cumplir cada miembro de la tripulación.

Además de las millonarias multas, la Dirección del Trabajo debió suspender, en las regiones Metropolitana y de Atacama, a 4 tripulantes que no cumplían con la normativa. Las empresas debieron reemplazarlos de inmediato por trabajadores con sus descansos legales cumplidos, para que los buses pudieran empezar sus recorridos.

Resultados regionales

Los resultados en cada región del país fueron los siguientes:

La Corte de Apelaciones de Valdivia ordenó al Fonasa realizar un nuevo procedimiento de fiscalización a una profesional de la salud, luego de concluir que el proceso aplicado vulneró sus derechos y no respetó la forma en que mantenía sus registros clínicos.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal acogió un recurso de protección presentado por una psicóloga prestadora de servicios de libre elección, estableciendo que Fonasa debe fiscalizar directamente las prestaciones y no puede imponer exigencias adicionales que la ley no contempla, como obligar a transcribir fichas clínicas en formato Word.

El conflicto se originó cuando Fonasa inició una fiscalización a las prestaciones realizadas entre marzo de 2021 y febrero de 2022, solicitando el envío por correo electrónico de 63 fichas clínicas. Estas fichas estaban registradas en formato papel, sistema que la profesional utilizaba regularmente. Sin embargo, la fiscalizadora —que se encontraba trabajando a distancia durante la pandemia— no realizó una revisión presencial y exigió que los documentos fueran digitados y enviados por vía electrónica en un plazo muy acotado.

La Corte explicó que la ley chilena reconoce distintos formatos para las fichas clínicas, ya sea en papel o digitales, sin establecer una obligación de usar uno por sobre otro. En ese contexto, el tribunal concluyó que Fonasa no estaba facultado para exigir la transcripción de los documentos ni para reemplazar una fiscalización presencial por un procedimiento remoto, especialmente cuando ya no existían restricciones sanitarias.

El fallo también señaló que este actuar impidió que la profesional pudiera defenderse adecuadamente, mostrar sus registros originales y explicar su sistema de trabajo, afectando así las garantías básicas del debido proceso administrativo.

Por esta razón, la Corte ordenó a Fonasa iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, esta vez de forma presencial, adoptando las medidas necesarias para revisar las fichas clínicas en el formato papel en que fueron elaboradas, asegurando que la profesional pueda ejercer plenamente los derechos que le otorga la ley.

La resolución sienta un precedente relevante para prestadores de salud en La Araucanía y el sur del país, al reafirmar que los procesos de fiscalización del Estado deben ajustarse a la normativa vigente y respetar los derechos de quienes son sometidos a revisión.

Durante el año 2025 aumentó considerablemente la presencia de embarcaciones chinas en costas chilenas, porque mientras el 2024 se registraron 8, en lo que va de este año ya van 117. Precisamente este hecho prendió las alarmas del sector artesanal que ven con preocupación la presencia de la flota china, especialmente las calamareras

Esto porque, así como en el pasado su presencia impactó a Perú, hoy existe el temor que afecte la pesca artesanal de la jibia.

Precisamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y vigilancia pesquera fue el tema central del encuentro internacional, “Avances y retos de la fiscalización y vigilancia en Perú y Chile” que se realizó el pasado 23 de octubre y que fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR) y la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA).

Consultado sobre el tema, Alfonso Miranda, presidente de CALAMASUR pidió los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú consolidar una postura común para fortalecer las medidas de manejo del calamar gigante (Dosidicus gigas), recurso clave para zona norte del país.

En la misma línea, Pascual Aguilera, dirigente nacional y delegado de Chile en CALAMASUR afirmó que, “la pesquería de la jibia no solo representa una fuente de sustento para miles de pescadores artesanales en el país, sino que también sostiene una red de pequeñas y medianas empresas transformadoras y exportadoras que generan empleo local y valor agregado. Proteger este recurso y asegurar condiciones equitativas frente a la operación de flotas extranjeras es una tarea urgente y estratégica para Chile.”

Desde el SERNAPESCA, el subdirector Jurídico, Felipe Ruiz destacó que Chile cuenta con una cobertura del 100% en la fiscalización de embarcaciones extranjeras que operan en la zona económica exclusiva del país. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos estructurales, como la fragmentación normativa y la falta de integración entre los sistemas de monitoreo satelital, las cámaras a bordo, las bitácoras electrónicas y la trazabilidad.

Ruiz subrayó que uno de los principales puntos de mejora es la necesidad de recibir en tiempo real la señal satelital de las embarcaciones extranjeras, tal como exige Perú a aquellas naves que deseen ingresar a sus puertos.

“Una de las dificultades que pudimos notar a propósito de este fenómeno es que la data del VMS la estamos recibiendo con horas de desfase. Una de las grandes posibilidades de mejora tecnológica que identificamos es la necesidad de que, al igual que en Perú, la información se transmita en tiempo real directamente hacia los servidores de SERNAPESCA y de la Autoridad Marítima”, señaló.

Por su parte, Piero Rojas, asesor legal de I4OA destacó la importancia de avanzar hacia insistió en que la vigilancia de las flotas extranjeras debe entenderse no solo como medida de control, sino también como instrumento de seguridad y sostenibilidad.

El evento concluyó con un llamado a consolidar una arquitectura normativa integrada, que permita a los países ribereños del Pacífico Sur responder de manera efectiva al desafío que representa la operación de flotas extranjeras en sus aguas y puertos.

“La fiscalización pesquera no puede seguir siendo reactiva; debe ser estratégica, preventiva y articulada con los actores del territorio”, sentenció Alfonso Miranda.