• El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año.

Con el fin de examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los derechos humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición.

En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes.

Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75%) y 978 mujeres (25%). Mientras que la edad promedio es de 26 años.

Víctimas registradas por el INDH

Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16%), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección.

Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95%) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6%) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20% de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10%.

Reparación y garantías de no repetición

En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado.

Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”.

En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En relación con las garantías no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Informe del Ministerio Público

Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic.

Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó.

Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90% de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8% del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821).

Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos. Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.

El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.

“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.

La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.

Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.

“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un  antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición. 

Más información:

Amnistía Internacional aportó a esta investigación penal antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de un obrar omisivo y deliberado, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas, donde se hizo un uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.

En formato vertical y construido en base a videos ciudadanos viralizados por redes sociales, el largometraje narra con humor las vivencias de un Chile polarizado que deambula entre el drama y el absurdo, la ilusión y el fracaso.

Disponible en cines y salas asociadas a Miradoc de Arica a Punta Arenas a partir del 13 de junio.

Tráiler oficial: youtu.be/fikCcVKLSvs

Un ser del más allá vuelve a Chile durante 2019 encarnado en un trabajador que sueña con un estallido social. Ese es el particular punto de partida de “El que baila pasa”, un estallido viral, película documental que acompaña el viaje de un fantasma que recorre la nación e intenta comprenderlo a través de los celulares de las personas que graban lo que sucede a su alrededor.

Premiada como Mejor Largometraje Nacional en FICValdivia y en FICViña, la película dirigida por Carlos Araya Díaz y coproducida por María Paz González, será distribuida por Miradoc en salas de Arica a Punta Arenas a partir del 13 de junio.

Carlos Araya Díaz se encuentra disponible para entrevistas sobre su documental. Si les interesa conversar con él o generar algún texto adicional en torno al estreno de la película, no duden en escribirme de regreso y así coordinamos con anticipación.

Adicionalmente, adjunto el afiche de “El que baila pasa”, una versión extendida del comunicado y el kit de prensa, en donde podrán encontrar más detalles sobre la película.

Puedes ver su tráiler acá. Más información en miradoc.cl