Informe de Contraloría revela irregularidades por más de $38 mil millones y remite antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló serias irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos entre 2021 y 2023, cuestionando traspasos de recursos por más de $38 mil millones a entidades privadas. La gravedad de los hallazgos llevó a la CGR a remitir el informe al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para los fines que en derecho correspondan”.

El informe, publicado recientemente, señala que se realizaron transferencias a 764 entidades privadas sin fines de lucro por un monto cercano a los $31 mil millones. Sorprendentemente, el 66% de esos recursos fue destinado a solo cinco entidades, entre ellas la Universidad Austral ($6 mil millones) y la Corporación de Desarrollo Productivo de la región ($5 mil millones). La Contraloría advierte que “se estarían autorizando traspasos de recursos a entidades privadas para efectuar proyectos y programas que técnicamente no son viables o cuyo objetivo final no cumple con las directrices que determinaron su financiamiento”.

Además, se detectaron múltiples deficiencias en la rendición de cuentas de los proyectos financiados, evidenciando la falta de control del GORE. En 660 proyectos, por un total de $20 mil millones, no se realizaron gestiones para recuperar recursos o exigir rendiciones de cuentas. Asimismo, 18 iniciativas presentaban saldos pendientes de rendición por $800 millones, los que fueron regularizados en 2024. El informe también alertó sobre la inexistencia de un manual de detección y prevención de conflictos de interés.

Desde el GORE de Los Ríos señalaron que las observaciones de Contraloría no implican que “los recursos estén perdidos”, sino que corresponden a iniciativas ejecutadas y rendidas, pero no rebajadas contablemente. Añadieron que se implementó un software de trazabilidad interna y una comisión especial para subsanar las rendiciones pendientes.

La remisión del informe al CDE abre un complejo escenario para el gobierno regional, que ahora enfrenta una eventual investigación judicial por el uso de recursos públicos.

Fuente: Mega.