El nuevo informe semanal de la Empresa Nacional del Petróleo confirmó una disminución en los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel y la parafina registrarán aumentos. El gas licuado vehicular también experimentará una baja.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles su informe semanal sobre las variaciones en los precios de los combustibles, que comenzarán a regir a partir del jueves 17 de julio de 2025. El reporte establece diferencias importantes según el tipo de combustible, afectando de manera distinta a automovilistas, transportistas y hogares.

De acuerdo con el informe, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán una baja de 26,7 pesos por litro, lo que significa un leve alivio para los conductores de vehículos particulares. Asimismo, el gas licuado de petróleo (GLP) vehicular presentará una disminución de 14,6 pesos por litro.

En contraste, el diésel tendrá un alza de 17,4 pesos por litro, lo que impactará directamente a los sectores vinculados al transporte y maquinaria. La parafina o kerosene, utilizada principalmente para calefacción en hogares, también aumentará su valor en 1,3 pesos por litro.

Enap aclaró que no tiene un rol directo en la fijación de precios finales al consumidor. A través de un comunicado, precisó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Además, la empresa explicó que sus estimaciones consideran factores como los precios de importación de productos desde mercados de referencia, así como otros costos asociados al proceso de importación de combustibles.

Con estas variaciones, los consumidores deberán estar atentos al comportamiento de los precios en los distintos puntos de venta del país, especialmente considerando el uso intensivo del diésel y la parafina en temporadas de invierno.

Resumen express para no perderse:

Combustible
Variación desde 17 de julio

Bencina 93
-$26,7 por litro

Bencina 97
-$26,7 por litro

Diésel
+$17,4 por litro

Parafina (kerosene)
+$1,3 por litro

GLP vehicular
-$14,6 por litro

El alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos Vásquez, detalló que “ante las constantes alzas en el precio del gas licuado, y tomando en cuenta la iniciativa de otras municipalidades a nivel nacional, como Municipalidad de Panguipulli también hemos iniciado conversaciones con las entidades correspondientes para conocer los pasos a seguir para dar cumplimiento con toda la normativa para vender gas licuado a vecinos y vecinas de manera directa y a precios más reducidos”.

“Lo que buscamos es generar mecanismos para alivianar el bolsillo de los vecinos y vecinas de la comuna de Panguipulli con un producto de primera necesidad que ha sufrido fuertes alzas en el último tiempo. También es una idea que vamos a conversar con el concejo municipal para conocer todas las opiniones y propuestas”, agregó el jefe comunal.

• En cuanto al pago de bonos o estipendios, es decir, asignaciones especiales vinculadas por ejemplo a viáticos, 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas recibieron un total sobre los 100 millones de pesos el año pasado. Respecto del caso de ENAP, cuestionada por el pago de un bono a parte de su plana de ejecutivos, el CPLT subrayó la necesidad de imponer obligaciones de transparencia a este tipo de empresas, dado que no habría información en fuentes públicas relacionada con el acuerdo al que aludió la compañía.

Casi 2 mil millones de pesos en pago de remuneraciones líquidas, bonos y otras asignaciones para sus directores –vinculadas a conceptos como movilización, viáticos, entre otros- destinaron 27 empresas públicas (EP) el 2019, acorde a lo que evidenció una fiscalización a esta categoría de empresas realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a principios de este año.

Según el informe del Consejo, el monto agregado total percibido por todos los directores de empresas públicas durante el 2019 por concepto de dietas y remuneraciones líquidas fue de $1.973.241.001, percibiendo en promedio $20.135.112 cada uno (si es que se mantuvieron en el cargo durante doce meses).

En el desglose de esta cifra pudo establecerse que las empresas que más dinero pagaron a sus directores fueron: Codelco, que destinó $455.201.088 para estos fines y Banco Estado que informó del pago de $432.632.260, concentrando entre ambas un 45% del monto total de remuneraciones líquidas pagadas a integrantes de directorios de EP. Asimismo, son las dos entidades que más recursos destinaron al pago de los presidentes de sus directorios (ranking elaborado comparando sólo estos cargos entre sí, sin considerar otros como el de presidente ejecutivo -existente en el caso de la cuprífera- que recibe remuneraciones más altas que las pagadas a los presidentes de directorio).

Con una diferencia importante aparece en el tercer lugar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con $152.076.340, entidad que ha sido foco de cuestionamientos a raíz del pago a 13 de sus altos ejecutivos de un total de $500 millones de pesos por concepto de bono por “retención de talentos” el pasado mes de enero. Esta obligación contractual, acorde a información de prensa, estaría enmarcada en un acuerdo suscrito en 2017 y que se pagaría cada tres años, con el objetivo de retener a ciertos profesionales.

De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la Transparencia en esta situación particular “evidenciamos la necesidad de establecer que las empresas públicas cumplan con ciertas obligaciones de acceso a la información”, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada. Esto dado que “no se encontraron menciones al bono para retención de talentos en las fuentes que chequeó la Dirección de Fiscalización de nuestra entidad y que están a disposición de cualquier ciudadano”. “Sólo sería factible inferir que pueden estar asociados a beneficios establecidos en contratos colectivos e individuales”, agregó el abogado.

Ante ello, dijo el titular del CPLT “necesitamos dar más y mejores herramientas a las personas para ejercer control y monitorear operaciones empresariales, así como hacer un seguimiento a las decisiones que toman los directivos”.

Pero este no es el único caso de ejecutivos que recibieron este tipo de bonos o estipendios, es decir, pagos por asignaciones especiales. El CPLT identificó que 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas habrían recibido este tipo de retribuciones, totalizando poco más de 100 millones de pesos en 2019 ($101.244.980). Según estableció el análisis del Consejo, el monto más alto por asignaciones especiales fue el otorgado al gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso –bajo el concepto de “renta variable” y contabilizado en la remuneración bruta.  El segundo habría sido el que se entregó al ejecutivo que ocupa el mismo cargo en Casa de Moneda por $8.481.550 y el tercer lugar correspondió al gerente de operaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que recibió $8.376.356, estos dos últimos asociado a “viáticos”.

En relación a pagos por asignaciones especiales en el caso de directores de empresas públicas, sólo 7 de ellos –lo que representa un 5% del total de personas que desempeñan estos cargos en esta categoría de entidades- reciben recursos asociados a este concepto. 

Entre los casos destacados aparecen el directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, constituido por tres directores que recibieron un total de $18.413.173 por concepto de “ingreso adicional líquido”. En tanto, se otorgó el pago de $8.272.000 por “bono de cumplimiento del plan de gestión anual” al director de la Empresa Portuaria de Arica. En ninguno de los dos casos se informa expresamente si dichos pagos son parte de la remuneración líquida anualizada.

Respecto de lo evidenciado por el CPLT Jaraquemada comentó que: “Las empresas públicas enfrentan un gran desafío para conseguir el máximo desarrollo de las áreas en las que intervienen, pero también deben cumplir con ciertas exigencias en planos como la eficiencia administrativa y la ética, o la responsabilidad social”.

“En el contexto en el que estamos, enfrentando de la mejor forma un escenario social y económicamente complejo, nos parece adecuado transparentar los destinos de recursos públicos para permitir el control por parte de la ciudadanía”. Asimismo, subrayó el abogado, “la transparencia ayuda a corregir, en la eventualidad de que se requiera, situaciones que no se condicen con la emergencia que estamos viviendo”, finalizó el titular de Transparencia.

El proceso buscó “caracterizar las remuneraciones, bonos y otros pagos de los directorios y planas ejecutivas de estas compañías durante el año pasado, así como la estructura de sus distintos directorios”, explicó el titular del CPLT. Para ello se revisaron publicaciones que las entidades deben mantener en sus sitios web con acceso público (Transparencia Activa) y en el caso particular de la participación en distintos directorios se levantó información de fuentes abiertas, Comisión para el Mercado Financiero y LinkedIn.

Cabe destacar que la fiscalización del CPLT evidenció además que 6 de las empresas públicas fiscalizadas –de un universo total de 27 que incluyeron tanto a compañías que integran el Sistema de Empresas Públicas (SEP) como las que no- incumplieron obligaciones en materia de transparencia activa. En su mayoría esto deriva de la no actualización de antecedentes sobre “Remuneraciones y/o Dietas de Directorio y Gerentes” o información incompleta relacionada con estos contenidos, por lo que los resultados del proceso se obtuvieron en base a los antecedentes disponibles hasta la fecha de cierre de la revisión realizada por el Consejo.

Directorios: nombres se repiten, no sólo en EP

Con respecto a antecedentes sobre la constitución de los directorios de empresas públicas “de manera de determinar su estructura” -como explicó el máximo representante del Consejo-, el informe del CPLT estableció que en su mayoría (36) están compuestos por personas que a la fecha de la fiscalización integraban más de un directorio (público o privado). En tres casos se evidenció que un director participaba en dicha instancia en más de una empresa pública: Ana Holuigue Barros, Fernando Massú Taré y Víctor Selman Biester. Los dos primeros, además, formaban parte de dos o más directorios de empresas públicas y privadas a diciembre de 2019.

En el caso de Ana Holuigue, además de aparecer como directora en ENAP hasta fines del año pasado también presidía el Directorio de TVN, cargos por los que habría recibido un total de $30.088.812. En paralelo, integraba el directorio de Parque Arauco y la fundación Un Techo para Chile. Un caso similar es el del videcepresidente del directorio de ENAP, Fernando Massú, quien también ocupaba la presidencia del Directorio de Polla Chilena, habiendo recibido $41.559.948 por ambos directorios en el mismo período. Este último además aparecía como parte del directorio de dos entidades privadas, Parque Arauco y BTG Pactual.

En el grupo de directores que desempeñaba este rol en más de una empresa pública, destacan algunos ex funcionarios de Gobierno como Hernán De Solminihac Tampier y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. En ambos casos integraban en 2019 el directorio de una EP –Codelco y EFE respectivamente- y además participaban de dicha instancia en entidades privadas. En el caso del ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Solminihac era parte de los directorios de Clapes UC, Cruzados y el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). En tanto, el ex jefe de la cartera de Transportes, aparecía asociado al directorio de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA,  EVERIS,  FESUR y Tren Central Grupo EFE.