Lo anterior, corresponde a antecedentes que los municipios deben publicar y mantener actualizados en sus sitios web, acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia, y a la revisión de solicitudes de acceso a la información enviadas a los 345 municipios del país.

En la Región de Los Ríos, Panguipulli se posicionó en el primer lugar con un promedio de 89,36, le siguen las comunas de Mariquina y Máfil con 89,27 y 87,77, respectivamente.

Al respecto, el Alcalde Pedro Burgos Vásquez expresó que “Una vez más la Municipalidad de Panguipulli a nivel regional se encuentra en el primer lugar respecto a lo que significa transparencia con la información pública, un procesos que en nuestro país cada vez es más exigente, pero también de cara a la ciudadanía muy necesario y que no hace otra cosa que refrendar lo que significa el proceso de actuación pública de la Municipalidad de Panguipulli, de cada una de sus reparticiones y que por supuesto viene a colocarnos en primer lugar regional”.

La primera autoridad comunal añadió que “este es un trabajo además que se lleva al alero de la dirección de asesoría jurídica del municipio, específicamente los funcionarios John Aguayo y Víctor Aguilar, vayan mis felicitaciones para un trabajo arduo que sin duda permite entregar información oportuna, información veraz y además información concreta de todos los actos públicos que realizamos al interior de la municipalidad. Vamos a continuar trabajando, vamos a seguir fortaleciendo lo que es la participación y la entrega de información veraz y oportuna a cada una de nuestras vecinas, de nuestros vecinos”.

La unidad de Transparencia Municipal es dependiente de la Dirección de Asesoría Jurídica y los resultados se deben en parte al trabajo constante y preocupado de los funcionarios John Aguayo Guzmán y de Víctor Aguilar, que en dicha unidad se desempeñan, quienes permanentemente actualizan sus conocimientos con las capacitaciones y jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y proponen medidas para mejorar el desempeño en tan importante materia, ya que tiene consagración constitucional bajo el Principio de Publicidad de los actos del Estado del artículo 8º inciso segundo.

El CPLT – según se informa en su sitio web- es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

Su principal labor es velar por el buen cumplimiento de dicha ley, la que fue promulgada el 11 de agosto de 2008, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008 y entra en vigencia el 20 de abril de 2009.

Para la titular de transparencia los municipios son instituciones fundamentales para las personas, “pues no sólo son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía y la institución donde la mayoría de las personas recurre cuando tienen que resolver alguna necesidad, sino que en medio de la pandemia que nos aqueja, hemos sido testigos del importantísimo rol que han jugado las autoridades municipales”, señaló enfatizando que “conocedoras de sus comunidades, se han mostrado activas y diligentes en el cuidado de los intereses y derechos de los vecinos”.

No obstante, De la Fuente, sostuvo que, lamentablemente, también se han conocido importantes  casos de corrupción y prácticas irregulares, sin distinciones políticas y que en el último ejercicio de fiscalización del CPLT, “menos de la mitad de los municipios cumplió satisfactoriamente las exigencias de acceso a información pública y el promedio histórico de cumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de las Corporaciones Municipales es apenas de un 54%, cuestiones que no hacen sino erosionar sustancialmente la confianza social y la legitimidad de las mismas”

“Una institucionalidad débil, con una estructura administrativa ininteligible, opaca y con altos niveles de discrecionalidad, presenta condiciones idóneas para la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones, y la dilapidación de recursos. Por contrapartida, mientras más altos son los estándares de transparencia y probidad, más clara y oportuna es la rendición de cuentas y más eficiente es la gestión, la prestación de servicios y la entrega de beneficios municipales, tan valiosos y necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas.”, espetó la presidenta del Consejo.

Asimismo, la cientista política, señaló que el contexto supone grandes desafíos para el sector que, con recursos siempre escasos, debe cumplir con variadas obligaciones.

“La próxima elección municipal y la discusión que se avecina respecto al rol de los gobiernos locales en el proceso constituyente, es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal, poniendo en el centro de la discusión, la necesidad de establecer los mejores mecanismos de transparencia y acceso a la información en su función y dotándolos de las capacidades adecuadas para cumplir cabalmente con esta esencial e insoslayable obligación”, finalizó.

En su exposición, la titular del CPLT, detalló que en tiempos de la llamada “cuarta revolución industrial”, caracterizada por tecnologías que han permitido generar una “mina de datos personales” explotable con diversos fines, y en que emergen herramientas y técnicas de Big data, Inteligencia Artificial (IA), micro-targeting, entre otras, se ha producido una capitalización de información de millones de personas para generar ofertas y servicios.

De la Fuente afirmó que el problema no son las nuevas tecnologías en sí mismas, sino los malos usos que se hacen de los datos personales, siendo una de sus consecuencias más negativas la desinformación. “Tenemos una serie de avances tecnológicos, pero las buenas noticias también pueden traer aparejadas malas noticias y ello es fundamentalmente la desinformación”, fenómeno que calificó como un flagelo no sólo para las sociedades sino para la procesos democráticos y políticos.

Para enfrentarlo, se refirió a la necesidad de instalar capacidades institucionales para la adecuada protección de datos personales, la promoción y concientización de este problema en la ciudadanía y el establecimiento de un marco normativo adecuado.

“La recopilación de datos no es pasiva, en la práctica los datos transforman el comportamiento humano y de esta manera se han transformado en un vehículo para transformar el mundo, clasificarlo, hacerlo legible y observable, y en eso radica su valor”, sostuvo la representante del Consejo.

“Tenemos que hacer conscientes a funcionarias y funcionarios públicos de la importante que es proteger los datos personales”. Este desafío, apuntó, no sólo se limita al mundo público, sino también al sector privado. También destacó la necesidad de generar conciencia en la población de la importancia de proteger y defender los datos personales de usos abusivos y enfrentar vulneraciones de derechos.

Finalmente, apuntó a lo inadecuado del marco regulatorio vigente en Chile y a lo urgente de “una norma actualizada en materia de protección de datos personales”. “Eso nos falta hoy en Chile, nuestra ley es del año 1999”, sostuvo

Desde una perspectiva más amplia, agregó que se requiere contar con “un marco normativo que nos permita efectivamente tener un ecosistema de seguridad de los datos adecuado”. Para ello es fundamental sincronizar políticas y normativas que se relacionan con estos temas, como por ejemplo: ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Datos Abiertos, entre otras, con el objetivo de generar sinergias y poder enfrentar desafíos tecnológicos y democráticos, resguardando debidamente los derechos fundamentales de las personas.

El panel que abrió la titular del CPLT estuvo integrado por Eli Pariser autor independiente y representante de la Fundación New America; Karine Nahon, presidenta de la Asociación de Internet de Israel; y el investigador de la Universidad San Sebastián, Jean Gajardo

En seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, representantes de la sociedad civil, Ejecutivo y periodismo de verificación reflexionaron sobre riesgos para la democracia que conlleva la desinformación.

El ministro vocero Jaime Bellolio se refirió a las noticias falsas que circularon ayer sobre contagio del Presidente Piñera por Covid-19, tras informarse PCR negativo del mandatario, y que incluyó que habría tenido contacto con sobrinos que participaron en fiesta clandestina.

Ante un tren eleccionario que incluye un importante número de procesos electorales entre 2021 y 2022, el Consejo para la Transparencia (CPLT) organizó un conversatorio sobre el impacto que puede tener la circulación de informaciones falsas, manipuladas o engañosas en redes sociales y los riesgos que implica para la legitimidad de estos procesos y la democracia.

La titular del CPLT, Gloria de la Fuente, contextualizó el fenómeno refiriendo a una crisis de confianza en las instituciones –incluyendo medios que tienen protocolos de verificación-, un incremento del uso de redes sociales e Internet por parte de los chilenos, y a cambios en las formas de generación y consumo de información, lo que incluye un mayor porcentaje de personas que se informan vía redes sociales.

En este marco, explicó es mucho más complejo la difusión de información oficial, dado que entidades clave para el circuito informativo caen en niveles de credibilidad. Por ello, planteó que “desde el Consejo para la Transparencia nuestro interés fundamental es que se promueva que la información pública es muy relevante y la veracidad aún más”.

Detalló que el CPLT inició “un trabajo que involucra a varios actores –académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades- de manera tal de generar una iniciativa que permita tener una plataforma común en torno a la desinformación y cómo la combatimos como flagelo importante”. Por ello ante un ciclo electoral muy fértil como el que enfrentará Chile este año y el próximo se tomen resguardos para prevenir e informar a la ciudadanía.

Ante la situación del país en esta materia, Marcela Ríos, representante asistente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), subrayó que Chile es parte de un programa piloto que impulsa el organismo en varias naciones de la región “preocupados por el efecto nocivo que tiene la difusión de información errónea, maliciosa, de desinformación o contaminación informativa y vemos que en muchos países esto está teniendo efectos en las elecciones, en la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones”.

¿Mentir sale barato en Chile?

“El problema es que son muchas elecciones y no hay mucha información de dónde echar mano”, explicó el director del medio de verificación Fastchecking.cl, Fabián Padilla. Asimismo, planteó que los este tipo de periodismo surge porque: “Hay que elevar el costo de la mentira”. “El presidente Trump dijo hasta hoy que su elección fue un fraude y hay gente que elige creer en eso”, “porque mentir es gratis”, dijo. Explicó que iniciativas como la que lidera buscan “elevar el costo” y que a ciertos actores “les salga más caro mentir”.

Jaime Bellolio, ministro Secretario General de Gobierno, comentó que que en un marco de poder más horizontal, las redes sociales facilitan la ocurrencia de ciertos fenómenos y lógicas a nivel mundial como el de las “funas” y las amenazas, y se refirió a una serie de contenidos que han circulado en el último como ejemplos de contenidos falsos. Así refirió a la circulación de información sobre el estado de salud del presidente Piñera y el inicio de una cuarentena, al igual que la primera dama, por contacto estrecho con una persona con PCR positivo para Covid-19: “que habían sobrinos de él que estaban en Cachagua, mentira; que esos sobrinos lo habían contagiado a él, mentira –porque no estaba contagiado-; y tercero, que presentaba síntomas graves”. Y agregó: “eso se transforma en una especie de realidad y es muy difícil combatirla”.

Desinformación y vacunas

A juicio de quien encabeza el Consejo, el desafío no es sólo para la democracia y los procesos eleccionarios “sino también porque estamos enfrentando una situación sanitaria en el mundo que nos desafía”. Por ello, se debe pensar cómo enfrentar el fenómeno de la desinformación y las Fake News de cara a la protección y fortalecimiento de procesos muy sensibles para la vida de la población, como es la estrategia de vacunación por Covid-19.

Desde esta perspectiva, Padilla de Factcheckin.cl subrayó que la desinformación en este ámbito requiere de atención porque “es muy grave. Hoy hay mucha gente que desconfía de las vacunas” y planteó como desafío de qué forma el Estado “se va a hacer cargo de que la gente vuelva a confiar”.

Vacíos regulatorios

De la Fuente del CPLT destacó que la desinformación puede abordarse desde varias aristas, entre ellas destacó el binomio libertad de expresión y poner límites a mensajes de odio y el uso de big data o datos de forma masiva, lo que instala una discusión respecto de la protección de datos personales y los vacíos que evidencia una ley que no se moderniza desde 1999.

“Tenemos que estar alerta porque es la regulación, pero también la educación de la ciudadanía”, dijo la titular del Consejo. Sobre el punto destacan las campañas del CPLT “Descomparte” y “No te Creas Todo” del PNUD, que buscan que las personas colaboren a poner freno a la circulación de contenidos engañosos o maliciosos

La Superintendencia de Pensiones (SP) denegó acceso a antecedentes relacionados con el cálculo de estas cifras alegando afectación a derechos comerciales o económicos de terceros.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió por unanimidad de sus integrantes ordenar a la Superintendencia de Pensiones (SP), la entrega de información relativa a cálculos de saldos o excedentes de AFP Provida (Rol C7347-19). Lo anterior al acoger, parcialmente, un amparo en contra del organismo, que denegó el acceso a partir de las alegaciones de la entidad previsional basadas en una afectación a sus derechos comerciales o económicos y tras informar que parte de los antecedentes consultados se encuentra disponible en el portal de internet del organismo fiscalizador.

La solicitud involucraba además antecedentes relativos a “los procedimientos actualizados de Provida” para realizar el cálculo de pensiones y excedentes, indicando cada una de las unidades administrativas que participan en estos procesos.

Respecto de esta parte del requerimiento, vinculada a montos, tasas, fórmulas y certificados, el CPLT decidió rechazar el amparo a partir de la constatación de que la SP accedió a su entrega y dispuso su retiro en las oficinas y horarios indicados por la entidad , por tratarse de información que contiene datos de carácter personal –conforme a lo dispuesto en la Instrucción General N°10 del CPLT-.

A su vez, respecto de los trabajadores de la AFP que participaron en los procedimientos consultados, se dispuso su reserva por tratarse de información que forma parte de la esfera privada, puesto que se trata del nombre o identidad de personas naturales que trabajan en una empresa privada, y no corresponde a la identidad de funcionarios públicos.

Asimismo, se desestimó la petición de ordenar a la Superintendencia el cálculo “correcto” de los valores consultados, por tratarse de un requerimiento en el ejercicio del Derecho de Petición establecido en la Constitución, y no de una solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia.

La SP presentó a fines de la semana pasada un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse respecto de la decisión del Consejo sobre procedimientos y cálculos solicitados.

El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, subrayó que “las instituciones responsables de estos trámites deben tomar todas las medidas de seguridad disponibles para evitar usos abusivos y no autorizados de los datos de las personas que retiren sus fondos, y además comunicarlas adecuada y oportunamente”.

El titular de Transparencia agregó que “esperamos que los organismos que estarán a cargo de la seguridad de estos procedimientos implementen y refuercen sus mecanismos digitales con miras a la adecuada implementación de este proceso y al resguardo de la información que se recopile”. Explicó que una de las cuestiones clave del retiro de fondos es la autentificación de la identidad, es decir, demostrar que la persona que solicita el retiro del dinero es quien dice ser.

Además, Jaraquemada, especificó que “no sólo se requiere demostrar fehacientemente la identidad del titular de los fondos, sino también determinar la voluntad del afiliado o cotizante que solicita el retiro, procedimientos que requieren de la entrega de datos personales por parte de aquellos que quieran implementarlo”.

El abogado apuntó que este tipo de cuestiones adquiere aún más relevancia en tiempos de emergencia sanitaria por Covid-19, dado que “no se puede exponer a los ciudadanos a riesgos innecesarios. Ellos deben tener información oportuna y clara de cómo proceder para realizar este trámite”.

“La idea es que la gente pueda realizar este procedimiento en línea para evitar trámites presenciales, lo que requiere que se tomen las medidas de resguardo de datos personales de los cotizantes, que se van a recopilar y tratar en el marco de este proceso”, detalló el representante del Consejo.

Recomendaciones a organismos responsables de tratamiento de datos personales

Desde el CPLT informan que las entidades responsables de registrar y almacenar datos personales que serán solicitados en el marco del proceso de retiro de fondos previsionales deben –acorde a lo establecido por la ley de protección de datos datos personales-:

• Implementar todas las medidas necesarias –técnicas y organizativas- para resguardar los datos personales de filtraciones o hackeos, garantizando su confidencialidad y acceso no autorizado.
• Informar adecuada y oportunamente a los usuarios acerca de los procesos y requisitos que se establecerán para cuidar sus datos personales, señalando qué medidas de seguridad van a implementar con este fin.
• En el caso de trámites en línea –que implican levantar y recopilar datos personales- deberán usar sitios con protocolos seguros, que garanticen que los datos introducidos a la web serán cifrados, restringiendo que sean interceptados por personas no autorizadas.
• Establecer medidas que impidan la suplantación del cotizante y que permitan una correcta autentificación de la identidad del afiliado. Es decir, deben tomar resguardos para que terceros no puedan usar datos personales –como el nombre, número de identidad o imagen- a los que accedan mediante sustracción de claves, para hacerse pasar por una persona que solicita retirar sus fondos.

Titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, consideró el hecho como “bien orientado” pero hizo hincapié en la necesidad de avanzar en acciones como: dedicación exclusiva y probidad y control de conflicto de intereses en el Congreso. 

“Más allá del debate sobre el porcentaje de rebaja de los altos sueldos de las autoridades y parlamentarios, me parece que esto está bien orientado. Rebaja las brechas que  existen entre la ciudadanía y los sueldos de estas autoridades, pero no deja de ser un tema más bien de orden simbólico”, así reaccionó el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, a la definición del Consejo de Alta Dirección Pública (CDAP), instancia que anunció este martes la disminución de un 25% de la dieta parlamentaria y de secretarios de Estado y de un 10% de rebaja en el salario del Presidente de la República y otras autoridades.

Lo anterior, dado que acorde a lo expresado por el abogado que encabeza el CPLT, se requiere abordar otros temas relevantes en el caso de los parlamentarios. “Me parece que lo realmente relevante acá tiene que ver con cómo se manejan y se resuelven los conflictos de intereses de estas autoridades”.

A juicio del representante de Transparencia, quien recordó que se trata de un tema en el que el Consejo viene insistiendo desde hace tiempo, es clave la adopción de dos medidas que irían en esta línea: “la primera es que los parlamentarios tengan dedicación exclusiva, es decir, que no puedan recibir otras rentas de origen privado. Y además, que la norma que hoy les prohíbe que puedan promover y votar aquellos asuntos donde tengan interés directo sus parientes más cercanos sea una realidad concreta. Hoy día no lo es básicamente porque no tiene una sanción”, explicó Jaraquemada.

El titular del CPLT insistió además en la necesidad  de implementar acciones orientadas a enfrentar la crisis de confianza que el país está viviendo desde hace décadas y recordó el llamado que realizó como presidente de este organismo en conjunto con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez: “Chile debe avanzar en sus estándares de transparencia y probidad fuertemente, y como lo hemos señalado con el Contralor General en una publicación de prensa reciente, lo que hay que hacer es construir confianzas donde no las hay y reconstruirlas donde se perdieron”, afirmó.

En tiempos de confinamiento como medida de prevención del contagio, las personas están volviendo a usar masivamente este tipo de apps, esta vez para ver cómo se ven con otro género, práctica que implicaría la entrega de gran cantidad de información personal.

Junto con recordar que la imagen del rostro es un dato personal, el Presidente del Consejo, Jorge Jaraquemada señaló que el fenómeno viral derivado del uso de FaceApp, permite subrayar la necesidad de cuidar esta información privada, esto dado que “quienes usan esta aplicación entregan sus datos biométricos y consienten que estos y otra información sean comunicados a distintas compañías, no sólo a la que desarrolló la aplicación lo que va en desmedro de sus derechos como usuario”.

El Consejo para la Transparencia (CPLT), reiteró su advertencia de los riesgos que conlleva el uso de aplicación “FaceApp”, la que se ha masificado en estos días de confinamiento para reducir el contagio por Covid-19.  Lo anterior, dado que la herramienta permite a la empresa detrás de la aplicación levantar grandes cantidades de datos biométricos, metadatos, información de redes sociales y de otro tipo de los usuarios, pudiendo además transferirlos a empresas fuera del país.

“Quienes usan esta aplicación entregan sus datos biométricos y consienten que estos y otra información sean comunicados a distintas compañías, no sólo a la que desarrolló la aplicación lo que va en desmedro de sus derechos como usuario”, afirmó el titular del Consejo, Jorge Jaraquemada.

La recopilación de los datos se realiza a partir del uso de filtros, que a través de un algoritmo informático posibilitan el escaneo de la imagen de la cara, lo que permite modificarla y por ejemplo ver cómo luce el usuario con otro género o más viejo.  El resultado, que para muchos parece divertido, implicaría “un costo alto vinculado a la entrega de demasiados datos personales, bajo condiciones que implican que el titular de los mismos pierda el control sobre ellos”, explicó el presidente del CPLT.

Desde el fin de semana pasado se identificó un aumento en el uso de esta herramienta, lo que para el Consejo es preocupante dado que las políticas de privacidad y términos de uso de la aplicación (cuya última actualización fue el 04/06/2020) permitió constatar que la aplicación puede recopilar metadatos, como la geolocalización, y – en caso de accederse a través de Facebook u otra aplicación de red social-, posibilita recoger información desde redes sociales, como por ejemplo: el alias del usuario, nombre y apellido, lista de amigos, entre otros antecedentes.

El CPLT reiteró su llamado a tomar conciencia sobre el uso de la popular aplicación y agregó que los términos de uso indican expresamente que la compañía puede tener conocimiento de las páginas web que se hubiesen visitado de forma previa al acceso a la app, además de la dirección IP y otra información del dispositivo mediante el cual se accede a ella. Asimismo, establecen que dichos antecedentes pueden ser transferidos a empresas relacionadas, lo que otorga bastante discrecionalidad para tratar los datos que recogen, en desmedro de los derechos de los usuarios. Por ejemplo, si FaceApp es adquirida por otra compañía, dicha información se podría compartir con el nuevo dueño.

Para el CPLT es relevante que los que utilicen la app sepan que se están exponiendo a una mayor desprotección derivada de la escasa y desactualizada regulación con la que cuenta nuestro país, por ejemplo en términos de comunicación transfronteriza de datos. En este caso se contempla transferencia internacional de información personal –a Amazon Web Services y a la plataforma Google Cloud-. “La normativa sobre protección de datos personales no se ha perfeccionado desde 1999, por lo que está lejos de hacerse cargo de los problemas que plantea el uso de este tipo de apps”, dijo el representante del Consejo. “Esperamos que la ley que perfecciona esta normativa salga del Parlamento lo antes posible para poder enfrentar situaciones que exponen a las personas a usos abusivos de su información personal tras dar su consentimiento sólo porque querían usar una app como entretención”.

El Consejo para la Transparencia (CPL) centraliza en esta plataforma datos de fuentes abiertas que distintas reparticiones publican para mostrar cuánto, en qué y cómo se han gastado los recursos del Estado para enfrentar los efectos del Covid-19.

La iniciativa es parte de las acciones del Laboratorio de Integridad, instancia a través de la cual el CPLT busca apoyar mejoras orientadas al diseño de iniciativas innovadoras en materia de transparencia que generen valor público.

A la cifra total y a un desglose por sectores y categorías de recursos que el Gobierno ha informado públicamente ha destinado a la compra de ventiladores, arriendo de residencias sanitarias, entrega de “bonos COVID”, entre otras acciones para enfrentar la pandemia, es parte de los antecedentes a los que  se podrá acceder en el mini sitio lanzado este fin de semana por el Consejo para la Transparencia (CPLT) sobre gasto público (www.consejotransparencia.cl/informacion/gastopublico/) .

A través de esta plataforma, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada,  se dispone de información de diversas fuentes públicas para todo aquel ciudadano que quiera mirar el detalle de acciones que han ejecutado distintas instituciones en un tema de gran relevancia social como es la emergencia sanitaria. “Queremos facilitar el escrutinio público a partir de este canal sobre el gasto vinculado a Covid-19 en el país”, explicó el presidente del Consejo.

“Hemos visto como la ciudadanía, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil han tenido un rol clave en el control social de las medidas implementadas por las autoridades y también de sus decisiones”, apuntó el representante del CPLT. Y agregó: “Consideramos que los ciudadanos activos son fundamentales para colaborar con un incremento de los estándares de transparencia con respecto a la pandemia y partimos de la convicción de que sólo con mayor transparencia podremos generar confianza y con ello dar legitimidad a las decisiones que se están tomando”.

La herramienta centraliza información sobre el gasto público informado por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia por Coronavirus, la que es recopilada desde distintas fuentes públicas de las reparticiones de todos los sectores –sean estos sitios web, informes, reportes, entre otras-. De esta forma las personas que visiten esta web podrán acceder a antecedentes como cifras totales de gasto, datos por sector (salud, beneficios sociales y otros aportes económicos) así como un desglose por categorías que involucren recursos del Estado para compras o ejecución de iniciativas –programas, medidas, planes- de los distintos organismos públicos o servicios responsables.

“Nuestra idea es mostrar datos en un canal único, por lo que nuestra plataforma está centralizando información que se encuentra diseminada en fuentes de diversas reparticiones públicas. Además buscamos presentar estos antecedentes de manera amigable, de manera de dejar a disposición de los ciudadanos información sobre temas que pueden ser complejos de forma simple”, apuntó el titular de Transparencia. Por ejemplo, en el sector salud se puede acceder a recursos destinados a compra de: ventiladores, tests, arriendo de residencias sanitarias, entre otra información de interés público.

“Que la gente conozca lo que se está haciendo para abordar la crisis es importante para generar confianza y también para plantear o identificar problemas y generar cambios y ajustes en las formas de hacer las cosas ante una situación inédita como la que estamos viviendo”, dijo Jaraquemada.

¿Qué más se puede encontrar en este sitio?

La plataforma permite hacer búsquedas por institución, de manera de establecer, por ejemplo, cuál es la que más recursos ha destinado a fines vinculados a la gestión y control de la pandemia, o identificar a sus principales proveedores. Asimismo, la entidad espera poder incluir datos vinculados a transferencias de recursos a municipios, dado que actualmente no cuentan con detalle de este gasto. “Se está trabajando en recopilar información sobre el destino de los recursos que el Gobierno entregará a las municipalidades, para así cruzarlo con datos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional”, puntualizó el presidente del Consejo.

Iniciativas de transparencia en el Estado: Laboratorio de Integridad

La página web sobre gasto público ha sido impulsada por el Laboratorio de Integridad, instancia que busca colaborar con el diseño de políticas y procesos institucionales a través de pequeñas intervenciones en instituciones específicas, que pueden tener un alto impacto en la generación de valor a nivel público en general. A partir de un trabajo focalizado, desarrollado en conjunto con la entidad que solicita la asesoría, se persigue la introducción de mejoras o la optimización de procedimientos administrativos concretos.

Lo anterior, detalló el titular de Transparencia, se planteó a raíz de los riesgos de corrupción que pueden alojarse en algunas prácticas administrativas y puesto que no existen herramientas multipropósito que permitan reducirlos. “Muchas de las zonas de riesgo de corrupción que identificamos en las entidades públicas se asocian a espacios de discrecionalidad en la asignación de recursos, los que se ven amparados por procedimientos complejos y opacos”. “En consecuencia, medidas de transparencia diseñadas para esos casos específicos pueden tener un alto impacto en la prevención de la corrupción o en la generación de valor público”, finalizó Jaraquemada.

• En cuanto al pago de bonos o estipendios, es decir, asignaciones especiales vinculadas por ejemplo a viáticos, 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas recibieron un total sobre los 100 millones de pesos el año pasado. Respecto del caso de ENAP, cuestionada por el pago de un bono a parte de su plana de ejecutivos, el CPLT subrayó la necesidad de imponer obligaciones de transparencia a este tipo de empresas, dado que no habría información en fuentes públicas relacionada con el acuerdo al que aludió la compañía.

Casi 2 mil millones de pesos en pago de remuneraciones líquidas, bonos y otras asignaciones para sus directores –vinculadas a conceptos como movilización, viáticos, entre otros- destinaron 27 empresas públicas (EP) el 2019, acorde a lo que evidenció una fiscalización a esta categoría de empresas realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a principios de este año.

Según el informe del Consejo, el monto agregado total percibido por todos los directores de empresas públicas durante el 2019 por concepto de dietas y remuneraciones líquidas fue de $1.973.241.001, percibiendo en promedio $20.135.112 cada uno (si es que se mantuvieron en el cargo durante doce meses).

En el desglose de esta cifra pudo establecerse que las empresas que más dinero pagaron a sus directores fueron: Codelco, que destinó $455.201.088 para estos fines y Banco Estado que informó del pago de $432.632.260, concentrando entre ambas un 45% del monto total de remuneraciones líquidas pagadas a integrantes de directorios de EP. Asimismo, son las dos entidades que más recursos destinaron al pago de los presidentes de sus directorios (ranking elaborado comparando sólo estos cargos entre sí, sin considerar otros como el de presidente ejecutivo -existente en el caso de la cuprífera- que recibe remuneraciones más altas que las pagadas a los presidentes de directorio).

Con una diferencia importante aparece en el tercer lugar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con $152.076.340, entidad que ha sido foco de cuestionamientos a raíz del pago a 13 de sus altos ejecutivos de un total de $500 millones de pesos por concepto de bono por “retención de talentos” el pasado mes de enero. Esta obligación contractual, acorde a información de prensa, estaría enmarcada en un acuerdo suscrito en 2017 y que se pagaría cada tres años, con el objetivo de retener a ciertos profesionales.

De acuerdo a lo establecido por el Consejo para la Transparencia en esta situación particular “evidenciamos la necesidad de establecer que las empresas públicas cumplan con ciertas obligaciones de acceso a la información”, explicó el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada. Esto dado que “no se encontraron menciones al bono para retención de talentos en las fuentes que chequeó la Dirección de Fiscalización de nuestra entidad y que están a disposición de cualquier ciudadano”. “Sólo sería factible inferir que pueden estar asociados a beneficios establecidos en contratos colectivos e individuales”, agregó el abogado.

Ante ello, dijo el titular del CPLT “necesitamos dar más y mejores herramientas a las personas para ejercer control y monitorear operaciones empresariales, así como hacer un seguimiento a las decisiones que toman los directivos”.

Pero este no es el único caso de ejecutivos que recibieron este tipo de bonos o estipendios, es decir, pagos por asignaciones especiales. El CPLT identificó que 34 integrantes de las planas ejecutivas de distintas empresas públicas habrían recibido este tipo de retribuciones, totalizando poco más de 100 millones de pesos en 2019 ($101.244.980). Según estableció el análisis del Consejo, el monto más alto por asignaciones especiales fue el otorgado al gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso –bajo el concepto de “renta variable” y contabilizado en la remuneración bruta.  El segundo habría sido el que se entregó al ejecutivo que ocupa el mismo cargo en Casa de Moneda por $8.481.550 y el tercer lugar correspondió al gerente de operaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) que recibió $8.376.356, estos dos últimos asociado a “viáticos”.

En relación a pagos por asignaciones especiales en el caso de directores de empresas públicas, sólo 7 de ellos –lo que representa un 5% del total de personas que desempeñan estos cargos en esta categoría de entidades- reciben recursos asociados a este concepto. 

Entre los casos destacados aparecen el directorio de la Empresa Portuaria de Antofagasta, constituido por tres directores que recibieron un total de $18.413.173 por concepto de “ingreso adicional líquido”. En tanto, se otorgó el pago de $8.272.000 por “bono de cumplimiento del plan de gestión anual” al director de la Empresa Portuaria de Arica. En ninguno de los dos casos se informa expresamente si dichos pagos son parte de la remuneración líquida anualizada.

Respecto de lo evidenciado por el CPLT Jaraquemada comentó que: “Las empresas públicas enfrentan un gran desafío para conseguir el máximo desarrollo de las áreas en las que intervienen, pero también deben cumplir con ciertas exigencias en planos como la eficiencia administrativa y la ética, o la responsabilidad social”.

“En el contexto en el que estamos, enfrentando de la mejor forma un escenario social y económicamente complejo, nos parece adecuado transparentar los destinos de recursos públicos para permitir el control por parte de la ciudadanía”. Asimismo, subrayó el abogado, “la transparencia ayuda a corregir, en la eventualidad de que se requiera, situaciones que no se condicen con la emergencia que estamos viviendo”, finalizó el titular de Transparencia.

El proceso buscó “caracterizar las remuneraciones, bonos y otros pagos de los directorios y planas ejecutivas de estas compañías durante el año pasado, así como la estructura de sus distintos directorios”, explicó el titular del CPLT. Para ello se revisaron publicaciones que las entidades deben mantener en sus sitios web con acceso público (Transparencia Activa) y en el caso particular de la participación en distintos directorios se levantó información de fuentes abiertas, Comisión para el Mercado Financiero y LinkedIn.

Cabe destacar que la fiscalización del CPLT evidenció además que 6 de las empresas públicas fiscalizadas –de un universo total de 27 que incluyeron tanto a compañías que integran el Sistema de Empresas Públicas (SEP) como las que no- incumplieron obligaciones en materia de transparencia activa. En su mayoría esto deriva de la no actualización de antecedentes sobre “Remuneraciones y/o Dietas de Directorio y Gerentes” o información incompleta relacionada con estos contenidos, por lo que los resultados del proceso se obtuvieron en base a los antecedentes disponibles hasta la fecha de cierre de la revisión realizada por el Consejo.

Directorios: nombres se repiten, no sólo en EP

Con respecto a antecedentes sobre la constitución de los directorios de empresas públicas “de manera de determinar su estructura” -como explicó el máximo representante del Consejo-, el informe del CPLT estableció que en su mayoría (36) están compuestos por personas que a la fecha de la fiscalización integraban más de un directorio (público o privado). En tres casos se evidenció que un director participaba en dicha instancia en más de una empresa pública: Ana Holuigue Barros, Fernando Massú Taré y Víctor Selman Biester. Los dos primeros, además, formaban parte de dos o más directorios de empresas públicas y privadas a diciembre de 2019.

En el caso de Ana Holuigue, además de aparecer como directora en ENAP hasta fines del año pasado también presidía el Directorio de TVN, cargos por los que habría recibido un total de $30.088.812. En paralelo, integraba el directorio de Parque Arauco y la fundación Un Techo para Chile. Un caso similar es el del videcepresidente del directorio de ENAP, Fernando Massú, quien también ocupaba la presidencia del Directorio de Polla Chilena, habiendo recibido $41.559.948 por ambos directorios en el mismo período. Este último además aparecía como parte del directorio de dos entidades privadas, Parque Arauco y BTG Pactual.

En el grupo de directores que desempeñaba este rol en más de una empresa pública, destacan algunos ex funcionarios de Gobierno como Hernán De Solminihac Tampier y Pedro Pablo Errázuriz Domínguez. En ambos casos integraban en 2019 el directorio de una EP –Codelco y EFE respectivamente- y además participaban de dicha instancia en entidades privadas. En el caso del ex ministro de Minería y de Obras Públicas, Solminihac era parte de los directorios de Clapes UC, Cruzados y el Club Deportivo Universidad Católica (CDUC). En tanto, el ex jefe de la cartera de Transportes, aparecía asociado al directorio de la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel SA,  EVERIS,  FESUR y Tren Central Grupo EFE.