Documento detectó 910 funcionarios a nivel nacional que jugaron más de $11 mil millones pese a prohibición legal.

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos, pese a tener prohibición legal por administrar fondos del Estado. Entre las entidades mencionadas en el informe figura la Municipalidad de Valdivia.

Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, los funcionarios involucrados pertenecen a 371 instituciones públicas y registraron transacciones por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025 .

El informe identifica además que 181 funcionarios concentran el 96,8% del dinero apostado, es decir, más de $11 mil millones, montos que —según el organismo— no se condicen con sus ingresos .

Entre las instituciones donde se detectaron casos aparece la Municipalidad de Valdivia, lo que confirma la presencia de esta situación en la Región de Los Ríos, aunque el documento no detalla cuántos funcionarios corresponden a la zona ni los montos asociados.

La normativa vigente prohíbe expresamente que funcionarios que administran o custodian fondos públicos participen en juegos de azar. Por ello, la Contraloría informó que los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Casinos de Juego para iniciar sanciones, mientras que las instituciones deberán abrir investigaciones administrativas en un plazo de cinco días.

Además, los casos con mayores montos fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para determinar eventuales responsabilidades.

La decisión establece que el recurso de reclamación solo aplica cuando un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) es rechazado, lo que da certeza al proceso y evita reabrir espacios aprobados con modificaciones.

Una resolución de la Contraloría Regional de Los Ríos marcó un punto importante en la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), al acoger una solicitud presentada por la Federación Regional de Armadores Pelágicos (FEDARPEL) y corregir un criterio previo sobre cómo deben reclamarse estos procesos.

En términos simples, el organismo estableció que el recurso especial de “reclamación” contemplado en la Ley 20.249 solo puede utilizarse cuando un ECMPO es rechazado, y no cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) aprueba un espacio, aunque lo haga con modificaciones.

Esto significa que, si un ECMPO fue aprobado con ajustes —como cambios en el polígono— no corresponde usar este mecanismo para intentar revertir esas modificaciones.

El pronunciamiento busca poner orden en el proceso.

Según lo resuelto, en estos casos la tramitación debe seguir avanzando hacia la fase de destinación, sin que se utilice la reclamación especial como vía para ampliar o reabrir el espacio aprobado.

En la práctica, esto impide que un ECMPO que fue aprobado con cambios pueda ser modificado nuevamente mediante ese recurso, como se intentaba.

El presidente de FEDARPEL, Osvaldo Pacheco, valoró la decisión señalando que “finalmente se determinó que los pescadores artesanales siempre estuvimos en lo correcto en nuestras alegaciones ante la CRUBC. Este criterio entrega certezas y evita que procesos tan relevantes se sigan extendiendo en el tiempo por interpretaciones equivocadas”.

Desde la organización también destacaron el trabajo del abogado Eric Correa, quien asesoró la presentación que permitió obtener esta aclaración administrativa.

La resolución aporta claridad en un ámbito que ha generado tensiones en distintas zonas del país, al definir con precisión cuándo corresponde reclamar y cuándo el proceso debe continuar conforme al marco legal vigente.

Contraloría detectó casos en Valdivia, Mariquina y Lago Ranco y dio cinco días para responder por una situación que vulnera derechos fundamentales.

Una grave alerta institucional encendió la Contraloría General de la República, al revelar que cuatro entidades públicas de la Región de Los Ríos mantuvieron o mantienen personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñando funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.

El informe, contenido en el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), incluye al Servicio Local de Educación Pública de Valdivia y a las municipalidades de Municipalidad de Valdivia, Municipalidad de Mariquina y Municipalidad de Lago Ranco, las que forman parte de un listado nacional que identificó 35 casos de este tipo en reparticiones del Estado.

La situación no es menor. La normativa vigente —en particular los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal— establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, prohibiéndoles ejercer cargos con vínculo directo con ellos. La ley obliga a las instituciones públicas a verificar previamente esta condición mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, algo que, según la Contraloría, no se cumplió.

El mismo informe revela un panorama aún más inquietante: entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos de personas inhabilitadas que ejercieron o ejercen funciones con menores, involucrando a 72 instituciones del Estado. No se trata, por tanto, de hechos aislados, sino de una falla estructural en los controles del aparato público.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas dar cumplimiento inmediato a la normativa, iniciar procedimientos disciplinarios, revisar eventuales nombramientos inhábiles conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Desde la Municipalidad de Valdivia, sin embargo, señalaron que aún no han sido notificados formalmente por la Contraloría. El administrador municipal, Cristian Oñate, sostuvo que se trata, por ahora, de información general.
“Hemos tomado conocimiento de un listado general que fue informado por Contraloría, en el que se menciona a distintos municipios del país, entre ellos Valdivia, respecto de contrataciones de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad. Es importante aclarar que, hasta ahora, se trata de una información de carácter general y que el municipio aún no ha recibido el detalle oficial de los casos específicos”, señaló.

No obstante, Oñate reconoció la gravedad del escenario. “De todas maneras, se trata de una situación grave, que tomamos con la máxima seriedad. Estamos a la espera de la información formal por parte de Contraloría para, una vez recibida, revisar los antecedentes y adoptar de inmediato todas las medidas que correspondan, conforme a la normativa vigente y resguardando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Más allá de las respuestas administrativas que puedan venir, el informe instala una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo es posible que el propio Estado, llamado a proteger a la infancia, falle en uno de los controles más básicos cuando se trata de personas que trabajan con menores? La Contraloría ya habló. Ahora, las instituciones tienen cinco días para explicar lo que no debió ocurrir.

● Representantes de los armadores artesanales del puerto de San Antonio, de la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la región del Biobío, además del Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar y la Federación Sonapesca, entre otros, denunciaron que a dos semanas de entrar en régimen la nueva distribución, la autoridad desvirtuó el criterio técnico que fundamenta el manejo de las pesquerías en plena explotación.

En Chile, según indica el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, para realizar actividades de pesca extractiva artesanal es requisito habilitante inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que administra el Servicio Nacional de Pesca. Y, para pesquerías como el jurel, la jibia, la reineta, o langostino amarillo, que se encuentran en plena explotación, o para la merluza común que se mantiene en un estado de agotado, la inscripción en el RPA se suspende, por lo que no es posible solicitar la inscripción de un pescador artesanal. Esto, con el fin de velar por la preservación de los recursos hidrobiológicos.

Sin embargo, en noviembre pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió una Resolución Exenta que ordenó al Servicio Nacional de Pesca abrir el Registro Pesquero Artesanal por oficio a miles de nuevas embarcaciones en todo el país, lo que representantes de la pesca artesanal e industrial unidos, consideran peligroso e ilegal, por lo que solicitaron a Contraloría su revisión y nulidad.

Lo anterior fundado en que el organismo que lidera el subsecretario Julio Salas, sin habilitación legal alguna, saltándose la consulta a los Consejos Zonales de Pesca ya que se requiere informe técnico de estos organismos, decidió arbitrariamente ordenar la apertura del Registro, lo que contraviene de manera directa el deber del Estado de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos, vulnerando lo establecido en la Ley de Pesca y desnaturalizando el carácter cerrado de las pesquerías que alcanzaron su rendimiento máximo sostenible, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema marino.

En el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso, se establece que, “la Resolución impugnada ordena una incorporación masiva, excepcional y por una sola vez de nuevos armadores artesanales, sin que exista vacancia que reemplazar, sin procedimiento legal previo y sin modificación legal alguna de las normas de cierre de acceso”, expresando que “un régimen de acceso solo puede ser modificado por ley”.

Frente a esto, y a solo dos semanas de que inicie el periodo legal de vigencia del nuevo fraccionamiento pesquero, el requerimiento solicita al ente contralor emitir un dictamen en que declare la ilegalidad contenida en la Resolución de la Subsecretaría de Pesca.

“Lo que buscamos es que Contraloría declare ilegal y deje sin efecto la resolución 2.563 porque cambia reglas de acceso que sólo pueden modificarse por ley. Aquí vemos dos peligros. Primero, abre la puerta a nuevas incorporaciones, a que haya más actores sin respetar el sistema de vacantes, lo que aumenta la presión sobre el recurso y crea un precedente muy peligroso. Y el otro punto, es que usa como excusa la ley de fraccionamiento, pero esa ley solo redistribuye porcentajes, y no autoriza a abrir registros ni incorporar nuevos actores al sistema. Si esto se normaliza, mañana cualquier cierre o cualquier norma legal se puede desarmar por una simple resolución”, comentó Victoria Rubio, presidenta de A.G Coordinadora Nacional de Armadores Pesqueros Artesanales Costeros (CONAPESCA).

Las 7 medidas

Cabe señalar que en noviembre, la Subsecretaría de Pesca dio a conocer siete medidas pro artesanal con que indicaban habría “un beneficio concreto” para el sector de pequeña escala, entre las que destacaban permitir la extracción de jurel (en plena explotación con registro cerrado) para embarcaciones menores a 12 metros; el fomento de flotas “multiespecies” asignando recursos como reineta (en plena explotación con registro cerrado); la incorporación de la sardina española en la captura de anchoveta y jurel entre las regiones de Arica y Coquimbo (contrario a lo señalado por el Comité Científico), entre otras acciones cuestionadas de manera transversal.

Para la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca, Macarena Cepeda Godoy, “el subsecretario Salas actuó más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas para el manejo sustentable de las pesquerías. Esto es grave, porque, por ejemplo, el jurel chileno hoy es un caso de éxito en todo el mundo porque en una década pasó de estar en una condición sobreexplotada a estar sano en su rendimiento máximo sostenible. Esto se debió a que el criterio técnico ha prevalecido, respetando la regulación, por lo que el precedente que está marcando la Subsecretaria de Pesca le hace un grave daño a los ecosistemas marinos del país y a la institucionalidad pesquera que ha permitido recuperar pesquerías”.

La líder gremial agregó que, “si se debilitan o desconocen las reglas de acceso y se omite la evidencia científica en la administración pesquera, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad de los recursos, sino también el trabajo y el futuro de miles de familias que dependen del mar. Por eso recurrimos a Contraloría, para que se asegure un manejo responsable de los recursos pesqueros del país”.

Con todo, la ley de Fraccionamiento dispone de una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2026, sin embargo, aún no es pública la distribución regional de cuotas entre actores del sector artesanal.

El requerimiento ingresado a Contraloría está firmado por Sonapesca; el Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos, Actividades Afines y Actividades Conexas de la Caleta de San Vicente en la comuna de Talcahuano; la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos y Actividades Afines de la Caleta de Lota VII Región; Sierra Azul Asociación Gremial; los Armadores Artesanales del Puerto de San Antonio; y la Asociación Gremial de Pescadores y Armadores Artesanales Pelágicos de la Región del Biobío.

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

Por otra parte, una minuta emitida por el comando del Apruebo ordenó relacionar la agenda del presidente Gabriel Boric con la campaña a favor de la nueva constitución. El concejal Matías Bellolio, en PanAm Post, aseguró que “la campaña del Apruebo está siendo orquestada desde La Moneda”.

La Tercera dio a conocer esta tarde las acciones que el órgano fiscalizador, liderado por Jorge Bermúdez, lleva a cabo a propósito de acusaciones de intervencionismo en el cual el gobierno estaría favoreciendo al Apruebo, de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

La entidad dio inicio a una investigación especial en La Moneda, en particular a la cartera liderada por la ministra Camila Vallejos, por su responsabilidad en la campaña Chile Vota Informado, para el cual el Ejecutivo ha hecho una significativa difusión.

Un live de Instagram de los ministros Jackson y Vallejo, en que aparecen comentando el texto propuesto por la Convención Constitucional; la reunión entre el Presidente Boric y la directiva del PS, luego de la cual el diputado Jorge Soto publicó en Twitter que se trataría de una reunión de coordinación por el Apruebo, son parte de los hechos denunciados.

El organismo ordenó adicionalmente dos sumarios para determinar las responsabilidades de carácter administrativo por hechos que contravienen el instructivo de la Contraloría –de abril pasado– sobre la prescindencia electoral. Uno de ellos relativo al MOP por utilizar la cuenta institucional para viralizar contenidos relativos al plebiscito, y otro en el Hospital Regional de Antofagasta, por viralizarse en redes sociales una imagen en las dependencias de un panfleto promoviendo el Apruebo.

Por otra parte, una minuta emitida por el comando del Apruebo ordenó relacionar la agenda del presidente Gabriel Boric con la campaña a favor de la nueva constitución. El concejal Matías Bellolio, en PanAm Post, aseguró que “la campaña del Apruebo está siendo orquestada desde La Moneda”.

La imparcialidad que la ley le ordena para la campaña para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre está en entredicho. No obstante el ministro Jackson expresó que estas serían denuncias infundadas. “Ojalá que el tema se despeje lo antes posible”, indicó. No obstante el live en redes sociales quedó descartado y no se le consideró un acto de campaña, quedó al límite de lo que permite Contraloría, que remarcó a través de un instructivo que los funcionarios y servidores públicos no pueden “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución”, incluyendo medios electrónicos ministeriales, para beneficiar “tendencias u opciones” de cara al plebiscito de salida, que finalmente determinará si la propuesta de la Convención se convierte o no en la nueva Constitución.