Documento detectó 910 funcionarios a nivel nacional que jugaron más de $11 mil millones pese a prohibición legal.

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales realizaron apuestas en casinos, pese a tener prohibición legal por administrar fondos del Estado. Entre las entidades mencionadas en el informe figura la Municipalidad de Valdivia.

Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, los funcionarios involucrados pertenecen a 371 instituciones públicas y registraron transacciones por un total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025 .

El informe identifica además que 181 funcionarios concentran el 96,8% del dinero apostado, es decir, más de $11 mil millones, montos que —según el organismo— no se condicen con sus ingresos .

Entre las instituciones donde se detectaron casos aparece la Municipalidad de Valdivia, lo que confirma la presencia de esta situación en la Región de Los Ríos, aunque el documento no detalla cuántos funcionarios corresponden a la zona ni los montos asociados.

La normativa vigente prohíbe expresamente que funcionarios que administran o custodian fondos públicos participen en juegos de azar. Por ello, la Contraloría informó que los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Casinos de Juego para iniciar sanciones, mientras que las instituciones deberán abrir investigaciones administrativas en un plazo de cinco días.

Además, los casos con mayores montos fueron remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para determinar eventuales responsabilidades.

Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

Informe de Contraloría revela irregularidades por más de $38 mil millones y remite antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló serias irregularidades en la ejecución de proyectos financiados por el Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos entre 2021 y 2023, cuestionando traspasos de recursos por más de $38 mil millones a entidades privadas. La gravedad de los hallazgos llevó a la CGR a remitir el informe al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para los fines que en derecho correspondan”.

El informe, publicado recientemente, señala que se realizaron transferencias a 764 entidades privadas sin fines de lucro por un monto cercano a los $31 mil millones. Sorprendentemente, el 66% de esos recursos fue destinado a solo cinco entidades, entre ellas la Universidad Austral ($6 mil millones) y la Corporación de Desarrollo Productivo de la región ($5 mil millones). La Contraloría advierte que “se estarían autorizando traspasos de recursos a entidades privadas para efectuar proyectos y programas que técnicamente no son viables o cuyo objetivo final no cumple con las directrices que determinaron su financiamiento”.

Además, se detectaron múltiples deficiencias en la rendición de cuentas de los proyectos financiados, evidenciando la falta de control del GORE. En 660 proyectos, por un total de $20 mil millones, no se realizaron gestiones para recuperar recursos o exigir rendiciones de cuentas. Asimismo, 18 iniciativas presentaban saldos pendientes de rendición por $800 millones, los que fueron regularizados en 2024. El informe también alertó sobre la inexistencia de un manual de detección y prevención de conflictos de interés.

Desde el GORE de Los Ríos señalaron que las observaciones de Contraloría no implican que “los recursos estén perdidos”, sino que corresponden a iniciativas ejecutadas y rendidas, pero no rebajadas contablemente. Añadieron que se implementó un software de trazabilidad interna y una comisión especial para subsanar las rendiciones pendientes.

La remisión del informe al CDE abre un complejo escenario para el gobierno regional, que ahora enfrenta una eventual investigación judicial por el uso de recursos públicos.

Fuente: Mega.