Veintiocho años después de una sequía que los dejó sin agua potable, las familias de esta localidad de la región de Los Ríos trabajan activamente en la recuperación de sus suelos y microcuencas abastecedoras, entendiendo que la seguridad hídrica depende directamente del estado de los ecosistemas.

En 1998, la comunidad de Mashue, en la comuna de La Unión, enfrentó una crisis hídrica que transformó profundamente su relación con el entorno. A partir de esta experiencia, sus habitantes decidieron organizarse y conformar su Comité de Agua Potable Rural (CAPR), reconociendo progresivamente que la disponibilidad de agua está estrechamente vinculada a la conservación del bosque nativo en las cuencas proveedoras.

Con esta comprensión, impulsaron un mecanismo de pago por servicios ecosistémicos orientado a financiar acciones de restauración. Este proceso dio origen al Programa de Recuperación de Microcuencas Prediales Degradadas, que amplió su alcance hacia las distintas microcuencas que abastecen el territorio.

Posteriormente, la comunidad identificó que la restauración por sí sola no era suficiente, y que era necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo compatible con la conservación. Así nació el Programa de Transición a la Agroecología, enfocado en fortalecer prácticas agrícolas sostenibles y en recuperar la salud del suelo como base del sistema productivo. A partir de este proceso, se conformó la Agrupación Agroecológica de Mashue.

“Tú ves ahora la escasez de agua, la pérdida de los suelos, el cambio climático… hemos tenido talleres de recuperación de suelos, de bioinsumos para no contaminar más, y uno aprende la lección: si no tengo bosque, no tengo agua”, señala Fabiola Rivera, presidenta de la Agrupación Agroecológica.

En este contexto, el Proyecto GEF Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad ha contribuido al fortalecimiento de estas iniciativas locales, apoyando la actualización del modelo de retribución por servicios ecosistémicos (RSE) y el desarrollo de ambos programas. Este trabajo se enmarca en las experiencias demostrativas del proyecto, las cuales buscan pilotear instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, articulando desarrollo productivo y protección de los ecosistemas.

A través de estos procesos, se ha promovido la educación ambiental, la agroecología en la agricultura familiar y la recuperación de funciones ecológicas del suelo, entendidas como fundamentales para la regulación hídrica del territorio.

Pero la mirada de la comunidad está puesta en el futuro. Para Fernando Muñoz, presidente del Comité de Agua Potable Rural de Mashue, la educación de las nuevas generaciones es clave para sostener estos avances: “Son las futuras generaciones las que tienen que llevar adelante este proceso. Son ellas las que deberán asumir la responsabilidad de proteger el agua y el suelo”.

El proyecto GEF Incentivos es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF su sigla en inglés) y su objetivo es mejorar el financiamiento nacional para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a través del diseño, la implementación y optimización de instrumentos económicos que fortalezcan las finanzas públicas e incentiven la contribución económica del sector privado al mantenimiento y recuperación de los ecosistemas.

Aguas Décima se hizo presente en la primera Ferial anual de Proveedores de Servicios de Agua Potable Rural de la Región de los Ríos.

El encuentro fue organizado por la dirección Regional de Obras Hidráulicas, y se realizó en la Carpa de la Ciencia, ubicada a pocos metros de la tradicional Feria Fluvial, en Valdivia.

La compañía valdiviana participó con un stand dedicado a difundir las prestaciones y servicios que ofrece el Laboratorio de Calidad de Aguas, unidad certificada y experta en los tipos de análisis que deben realizar los APR y en general cualquier entidad que opere plantas de producción de agua potable y/o de tratamiento de aguas servidas.

El oficio busca que por medio del parlamentario se realicen gestiones para que no exista este cobro a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), porque se convertiría en una carga económica a los usuarios de los distintos sectores rurales de la comuna de Panguipulli.

Al respecto el alcalde Pedro Burgos Vásquez comentó que “estamos muy preocupados por la decisión que nuestros Comités de Agua Potable Rural ingresen a un sistema de tributación para el cual, primero, no estaban preparados; en segundo lugar, no tenían los antecedentes, ni tampoco los antecedentes previos que requiere de una decisión de este tipo”.

“Nuestros Comités de APR han tenido el apoyo permanente del municipio de Panguipulli durante este año y estimamos que es una medida, que no va en directo apoyo del trabajo que realizan los APR y que no es otra cosa que entregar agua de calidad a muchas vecinas y vecinos de la comuna de Panguipulli. Por lo tanto, junto a la presidenta de la Unión Comunal de APR, la señora Clarissa Santibáñez, redactamos un oficio de manera tal hacerla llegar al presidente de la comisión de Obras Públicas del senado, el senador Alfonso de Urresti, para que definitivamente esta decisión se derogue y no establezca un sistema de presión para lo que significa el desarrollo de nuestros APRs de la comuna de Panguipulli”, agregó.

Asimismo, el alcalde Pedro Burgos Vásquez reafirmó que “el municipio de Panguipulli solidariza este caso con cada uno de los Comités de Agua Potable Rural de nuestra comuna y por supuesto no vamos a cejar en ese aspecto”.

En tanto, la presidente de la Unión Comunal de APR Panguipulli, Clarissa Santibáñez, expresó que “la preocupación por la exclusión de nuestros APR para el pago del IVA es realmente preocupante, porque nuestras realidades a nivel rural son distintas, mucha gente son de escasos recursos y nuestros APRs necesitan mucho más apoyo, por eso entregamos esta carta al senador para que él presente nuestra inquietud y nuestra preocupación a nivel central y para que pueda ser solucionado y excluir del listado que tiene el SII para el cobro del IVA”.

En el documento entregado al senador Alfonso de Urresti se justifica la petición porque “el pago del impuesto IVA dentro de los primeros 20 días del mes entrante, tiempo que es insuficiente para la recaudación oportuna por estar en sectores extremos de ruralidad, sin sistemas de movilización pública como para ir y venir para este fin, aplicando estrés financiero a la organización por parte del Estado”.

Además, se indica que “los APRs son instituciones sin fines de lucro, sin capacidad de crédito para operar, no tener utilidad, y ahora se grava la obligación de pagar IVA General para socios y usuarios”.

Finalmente, este cobro de IVA a los APR es parte de la Ley 21.420 que introduce modificaciones con el objeto de eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente, considerando especialmente la necesidad de financiar la recientemente creada pensión garantizada universal (PGU).